Los involucrados son Ferney Salcedo, Yulivel Leal, Jesús Leal, Miguel Ángel Rincón, Carmen Iraida Salcedo, Josué Eliécer Rincón y María Teresa Rincón y Jerónimo Salcedo, a quienes se les imputaron los delitos de obstrucción de vía pública, concierto para delinquir y violencia contra servidor público, reseñó El Espectador.

El proceso contra los presuntos implicados, quienes lideraron protestas contra la petrolera en 2018, se encuentra en etapa de juicio y existen serias dudas sobre la objetividad con que la justicia colombiana adelantó el caso, teniendo en cuenta que el testigo principal de la Fiscalía es un contratista de la petrolera, indicó el periódico.

De igual manera, El Espectador subrayó que 9 días antes de las capturas, Frontera Energy firmó un convenio con el Ministerio de Defensa en donde este se comprometía a prestar seguridad en áreas de interés de la petrolera.

Asimismo, el periódico destacó que la investigación estuvo a cargo de una Estructura de Apoyo (EDA) de la Fiscalía que recibe financiación de compañías petroleras en Colombia, entre ellas Frontera Energy.

Por estos hechos es que el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), llevarán el expediente ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra (Suiza) para que se revise la objetividad e independencia con las que se adelantó la investigación, agregó El Espectador.