Mucho ruido provocó la filtración de un diálogo en el que Rodolfo Hernández le cobraba plata a Marelen Castillo, quien fuera su fórmula vicepresidencial durante las últimas elecciones. El ingeniero financió la aspiración de su entonces coequipera con 72 millones de pesos bajo compromiso de que le devolviera el dinero si salía elegida.

Un par de horas después, Castillo se manifestó sobre este episodio y le restó importancia. El argumento principal de la docente fue que, en este momento, el país debe discutir temas mucho más trascendentes. Además, remarcó que está enfocada en su trabajo como representante a la Cámara, beneficio al que accedió por finalizar segunda junto a Hernández en la carrera por la presidencia.

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Delito que habría cometido Rodolfo Hernández por pelea con Marelen Castillo

La polémica por este chat no terminó allí. La periodista de Noticias RCN, Maritza Aristizábal, publicó una serie de trinos este jueves 6 de octubre para explicar que la conversación de Hernández con Castillo “evidenciaría un delito”.

En uno de los tramos del diálogo, el senador le preguntó a su exfórmula vicepresidencial: “¿Mientras que usted estuvo en campaña quién le pagó el salario a usted?”, a lo que la mujer respondió afirmativamente. Por lo tanto, explicó Aristizábal, Hernández debió reportar dichos sueldos en el documento que se entregó al Consejo Nacional Electoral. “Pero en el informe ante el CNE eso no aparece“, detalló.

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Cada candidato tiene derecho a la “reposición de votos”, un mecanismo en el que el CNE le devuelve la inversión que hizo en campaña. La periodista se refirió a este tema y argumentó (se transcribe literalmente):

“Rodolfo también le está pidiendo al CNE la plata por reposición de gastos, nada más y nada menos que $ 7.500 millones. O sea,  ¿le está cobrando a Marelen lo que el Estado le va a pagar? ‘Agalludo’ dirían por ahí”, manifestó.

La duda que queda en el aire, a raíz del mencionado hilo, es por qué Hernández reclama unos gastos a Castillo si, en teoría, este debió reportarlos al CNE para que le fueran devueltos mediante el mecanismo de reposición.

 “No reportar gastos o ingresos en campaña hoy en día es un delito autónomo, que puede dar cárcel y pérdida de investidura”, concluyó Aristizábal.

Esta conducta, de acuerdo con los delitos electorales, podría dar una pena de entre cuatro y ocho años de prisión, además de una multa de “cuatrocientos (400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

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