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En la Universidad de Córdoba, en Montería, se llevó a cabo un encuentro significativo el pasado 31 de julio. Más de 60 representantes de organizaciones ecosociales, defensores ambientales e investigadores del Caribe colombiano se reunieron buscando soluciones a las amenazas que enfrentan los principales ecosistemas hídricos de la región. De acuerdo con la información presentada, participaron voceros de los ríos Sinú, San Jorge, Ranchería, Guatapurí, Cesar, Magdalena y Cauca, así como de varias ciénagas destacadas. Todos ellos coincidieron en una preocupación central: los proyectos energéticos, mineros, la expansión de hidroeléctricas, los vertimientos y la deforestación deterioran estos ecosistemas, situación agravada por una débil implementación de políticas de protección hídrica.
El caso del río Guatapurí representa de manera ejemplar la crisis del agua en el Caribe colombiano. Este río desprende su cauce desde la Sierra Nevada de Santa Marta, cubriendo una subcuenca de 866 kilómetros cuadrados que incluye territorios de Valledupar, Pueblo Bello y los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo. El 90 % de su superficie forma parte de la Reserva Forestal Protectora, reconocida como Reserva de la Biosfera por la Unesco desde 1980. El río Guatapurí abastece a más de 600.000 habitantes, surte el acueducto de Valledupar y es eje vital de la identidad y cultura local. Sin embargo, desde 2017, su situación ha empeorado a causa de vertimientos de aguas residuales, mala gestión de residuos sólidos, desvíos incontrolados y deforestación en sus orillas. En la ronda hídrica se han establecido asentamientos de alto riesgo con cerca de 30.000 personas y proliferan construcciones no autorizadas.
La construcción de la “Avenida del Río”, una vía de 9,8 kilómetros sobre la ronda hídrica, suma incertidumbre, pues según Corpocesar —la autoridad ambiental del Cesar— no existen licencias ni permisos ambientales para la obra, contraviniendo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca (POMCA) vigentes. Las actuaciones legales, como fallos del Tribunal Administrativo del Cesar y del Consejo de Estado, han respaldado la protección del río. Por otra parte, la construcción de una subestación eléctrica genera inquietudes sobre la regularidad de sus permisos. En contraste, las obras de contención hidráulica han sido autorizadas tanto por Corpocesar como por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con permisos vigentes detallados en resoluciones administrativas recientes.
Frente a esta problemática, el encuentro determinó la necesidad de fortalecer la protección de los ríos, respaldar el proyecto de Ley de los Derechos de los Ríos y establecer una Mesa Permanente para articular esfuerzos regionales en favor del agua, insistiendo en que la defensa del agua es una tarea colectiva y urgente.
¿Qué permisos ambientales existen para la construcción en el río Guatapurí?
De acuerdo con los datos presentados, las obras de contención hidráulica sobre el río Guatapurí cuentan con permisos vigentes de ocupación de cauce (POC) otorgados por Corpocesar y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante varias resoluciones administrativas; sin embargo, otros proyectos como la “Avenida del Río” y una subestación eléctrica carecen de permisos claros, lo que ha generado acciones legales e incertidumbre comunitaria.
¿Por qué la protección del río Guatapurí es clave para la región Caribe?
El río Guatapurí es fundamental porque no solo abastece de agua a más de 600.000 personas y mantiene viva la identidad cultural de Valledupar, sino que también es ejemplo de los retos ambientales en toda la región Caribe. Su situación refleja la urgencia de aplicar de forma estricta las políticas de protección hídrica ante presiones de urbanización, obras públicas y contaminación, tema central en los compromisos adoptados tras el encuentro de Montería.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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