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En la tarde de este lunes 11 de mayo, ante un juez de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó a Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes electorales, por COP 1664 millones.
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El caso está relacionado con la campaña Petro Presidente, del año 2022, de la cual Roa Barragán fue gerente. Un expediente que ya le mereció una sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE), que a través de una investigación administrativa encontró que a la campaña gerenciada por el ahora presidente de Ecopetrol y que apalancó la llegada a la Casa de Nariño del hoy jefe de Estado, entró más dinero del permitido por la ley.
El CNE también determinó que la campaña Petro Presidente no hizo reportes de una megaoperación de pagos a testigos electorales ni de donaciones por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y de la Unión Sindical Obrera (USO). Ahora la Fiscalía busca probar penalmente si Roa Barragán y otras personas de la campaña ocultaron el ingreso de COP 1.664 millones, situación que se tradujo en una supuesta violación de topes.
Por tercera vez se reprogramó la audiencia de imputación en contra de Roa Barragán. El 12 de marzo se citó por primera vez, pero la defensa del presidente de Ecopetrol, liderada por el abogado Juan David León Quiroga, pidió un aplazamiento para prepararse para la diligencia. Se reprogramó para el 8 de abril, pero de nuevo la audiencia tuvo que ser aplazada por asuntos relacionados con la agenda del abogado que defiende a Roa Barragán.
En la tarde del pasado 8 de mayo inició la audiencia en la cual el fiscal Elkin Ardila Espinoza detalló ante el juez 35 de control de garantías de Bogotá los pormenores sobre diez hechos jurídicamente relevantes en los cuales Roa Barragán habría cometido el delito de violación de topes electorales. Pese a que la comunicación por parte del funcionario del búnker culminó, la imputación en contra del presidente de Ecopetrol quedó incompleta.
¿La razón? La defensa de Roa Barragán pidió varias aclaraciones relacionadas con los presuntos hechos delictivos y con los montos en los cuales, según la Fiscalía, se habrían violado los topes electorales. Para la defensa del presidente de la estatal petrolera, las fechas de los hechos investigados no son del todo claras. En la jornada de este lunes, el fiscal Ardila Espinoza tomó de nuevo la palabra para hacer las aclaraciones solicitadas.
Según la investigación adelantada por los funcionarios del búnker, para la primera vuelta presidencial del 2022 el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó un límite de COP 28.536 millones. Para la segunda vuelta, ese tope fue de COP 13.347 millones. Sin embargo, en primera vuelta, la campaña habría reportado gastos por más de COP 29.924 millones, superando el tope electoral en cerca de COP 1.388 millones, al parecer en contra de lo que indica la ley.
En la segunda vuelta, según explicó el fiscal del caso, la presunta violación del tope electoral habría sido de COP 276 millones. “Los gastos que habrían excedido los topes estarían asociados a ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato”, indicó el funcionario del búnker.
Roa Barragán, por su parte, no aceptó cargos.
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