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El municipio de Pensilvania, Caldas, enfrenta retos y oportunidades de cara al próximo año, según lo relatado por el alcalde Jesús Iván Ospina en conversación con LA PATRIA. Uno de los principales objetivos de la administración local es avanzar en la gestión para que instituciones de educación técnica y superior, como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas (CINOC), amplíen su oferta educativa en la región. La finalidad es lograr que el CINOC se consolide como un instituto universitario y que el Sena establezca una sede regional a través de programas viabilizados bajo la modalidad de "obras por impuestos", mecanismo que facilita la inversión privada en obras de impacto social.
El sector salud presenta avances y dificultades. Ya se ha concretado la contratación de tres ambulancias, una de las cuales se espera que llegue antes de finalizar el año y las otras dos en el mes de febrero. No obstante, en cuanto a la intervención del Centro de Salud de Bolivia, aún no se han desembolsado los recursos desde el Ministerio, aunque sí han llegado fondos para intervenir ocho puestos de salud municipales. La alcaldía está a la espera de la resolución correspondiente para dar inicio a estos trabajos.
En materia de seguridad, Ospina aseguró que Pensilvania continúa siendo un municipio seguro y tranquilo, aunque reconoció la presencia de grupos armados ilegales en la zona limítrofe con Antioquia, especialmente entre Pueblo Nuevo, Nariño y Sonsón. Los hechos más preocupantes son amenazas y extorsiones, que ya han afectado a los habitantes de la zona rural, aunque los asesinatos se han dado fuera del municipio. La respuesta de la fuerza pública ha consistido en acciones preventivas y operativos conjuntos con ejército y policía.
Uno de los desafíos más complejos de este año ha sido el impacto de las contingencias climáticas. Las emergencias, especialmente en el corregimiento de Arboleda, han provocado pérdidas humanas, evacuaciones de cerca de 200 familias y la pérdida de viviendas y cultivos. La alcaldía, en articulación con la gobernación, la Unidad de Gestión de Riesgos y Corpocaldas, ha brindado atención a las personas afectadas mediante apoyos de vivienda temporal, entrega de kits de alimentos y materiales de construcción, aunque reconoce que estas respuestas no constituyen soluciones definitivas al hondamente problemático de la reubicación y reconstrucción en masa.
En cuanto al sector económico, uno de los proyectos emblemáticos previstos es la reapertura de la central de sacrificio municipal. El alcalde explicó a LA PATRIA que, junto con la Gobernación de Caldas, se trabaja para concretar la financiación a través del sistema de regalías, cuyo trámite demanda más tiempo y exigencias técnicas, pero que permitirá ejecutar la obra en 2026 con un costo estimado de 1.100 millones de pesos. La rehabilitación de esta infraestructura es vista por comerciantes como fundamental para reducir costos en el suministro de carne y mejorar las condiciones sanitarias.
La comunidad, representada en las voces de comerciantes como Arturo Salazar, Guillermo Ramírez y William Ospina, resaltó la necesidad de mejorar las vías rurales, reactivar la economía y avanzar en proyectos productivos y de infraestructura que permitan mayor agilidad para el comercio de productos y mejores precios al consumidor local. La esperanza de que la región logre consolidar sus proyectos educativos y económicos, así como superar los desafíos de seguridad y cambio climático, es un punto común que resuena en la ciudadanía.
¿Qué retos implica para un municipio rural gestionar infraestructura y seguridad con recursos limitados?
El caso de Pensilvania evidencia las dificultades que enfrentan las administraciones locales en contextos rurales donde los presupuestos suelen ser insuficientes frente a las necesidades en materia educativa, sanitaria y de infraestructura vial. Los trámites y la dependencia de recursos del gobierno nacional o departamental retrasan la atención de emergencias o la puesta en marcha de programas transformadores.
A esto se suma la presencia de actores armados ilegales, que tensionan la vida cotidiana de los habitantes y hacen necesaria la articulación permanente con la fuerza pública. Los municipios rurales se ven obligados a priorizar acciones inmediatas y, muchas veces, a buscar colaboración con múltiples entidades para garantizar las condiciones mínimas de bienestar y seguridad para su población.
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