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A la consternación por la trágica noticia del hallazgo, sin vida, de la niña Valeria Afanador, de 10 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto, de un colegio en zona rural de Cajicá (Cundinamarca), ahora se suma la expectativa por saber qué rumbo tomará la investigación y en eso será clave el dictamen del Instituto de Medicina Legal.
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El CTI de la Fiscalía fue el organismo encargado de realizar el levantamiento del cuerpo, que encontraron en el sector de la Fragua, a orillas del río Frío y a no más de 300 metros del colegio de donde desapareció la menor. Aunque, por jurisdicción, lo debían trasladar a la sede de Medicina Legal de Sopó, debido a la complejidad del caso y el impacto nacional, pasadas las 7:00 de la noche, el cadáver fue trasladado a la sede en Bogotá.
Hay sospecha sobre las circunstancias de la muerte de Valeria Afanador
El dictamen de los forenses debe determinar o, al menos, dar indicios de si el caso se trató de un accidente y la muerte ocurrió luego de caer al río, como indicaba la hipótesis inicial tras el reporte de la desaparición, o si se trató de un homicidio luego de un secuestro, como indica la sospecha que han venido ventilando las autoridades y los familiares de la menor, en especial, por las particularidades que rodearon el hallazgo.




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Vale recordar que desde el momento en que los organismos de socorro conocieron el caso, a la 1:00 de la tarde del 12 de agosto (tres horas después de la desaparición), se desplegó una completa operación de búsqueda, que comenzó con 100 socorristas y, con el paso del tiempo, llegó a contar con casi 400 personas, entre bomberos, miembros de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, policías y soldados, así como el uso de tecnología como drones con cámaras con sensores térmicos.
Lugar donde encontraron a Valeria Afanador ya había sido inspeccionado
A pesar de las extensas jornadas y una acción que se desplegó casi 20 kilómetros a la redonda, no encontraron rastros de la niña, Por eso, la semana pasada el comandante de Bomberos de Cajicá anunció que se descartaba en un 95% la hipótesis del accidente o la caída al río, y empezó a tomar fuerza la teoría de un rapto, como lo anunció el propio gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.
Esto lo respaldó el abogado de los padres de la niña, cuando pidió al ente acusador indagar esta versión, y la reforzó la versión de una directiva del propio colegio, que luego de casi 10 días, señaló que en este caso podría estar involucrado un extrabajador de la institución.
Su tardía versión, así como una posible alteración del sitio por donde salió la niña, incrementó los cuestionamientos en contra de la institución educativa. Todo esto llevó a que una recompensa por información aumentara de $20 millones a $70 millones e, incluso, se expidiera una circular de Interpol.
De paso, justo este viernes, la familia de Valeria había cuestionado el papel de los entes investigativos en la búsqueda de su hija. “Nos llena de rabia e incredulidad que, ante la posible desaparición forzada, la Fiscalía no haya desplegado todas sus fuerzas desde el primer día. Las evidencias apuntan a omisiones y negligencias imperdonables de aquellos a quienes pagamos para proteger a los ciudadanos”, con lo que hicieron un llamado a redoblar esfuerzos para encontrar a la menor.
Ahora, con el hallazgo del cuerpo, a escasos 200 metros del colegio, en una zona que, dicen los socorristas, inspeccionaron en repetidas ocasiones en las operaciones rastrillo que adelantaron en el sector durante varios días, crecen las sospechas de la participación de otra persona en un eventual rapto y posterior la muerte de la niña. De momento, la Fiscalía está al frente de la investigación, pese al reproche de la familia de Valeria, que tendrá que esperar el dictamen del Instituto de Medicina Legal, para saber cuál será la línea a seguir, para esclarecer la muerte de Valeria y, en caso de ser un homicidio, que no quede en la impunidad.
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Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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