Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón.
El conflicto por la tierra en Colombia, particularmente en el departamento del Cesar, sigue siendo una de las problemáticas más agudas y persistentes del país. El relato de Alexandra Pineda Ortiz, funcionaria de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), da cuenta de las dificultades que afronta el proceso de restitución y recuperación de tierras arrebatadas a campesinos y comunidades históricamente marginadas por actores ilegales como narcoparamilitares y mafias terratenientes. Esta lucha no solo implica riesgos personales para los funcionarios, sino el enfrentamiento contra estructuras de poder consolidadas durante décadas, lo que convierte cada avance en un desafío de gran envergadura, según apunta la funcionaria en su testimonio.
En el trasfondo de este fenómeno, la disputa por la tierra en Colombia ha estado marcada tanto por su valor económico como por su significado como herramienta de dominación social y política. Datos de la Unidad de Restitución de Tierras indican que el 81% de los casos de desplazamiento forzado en el país tienen como base el despojo violento vinculado al accionar de grupos paramilitares y narcotraficantes, un drama cuya magnitud ha sido documentada por medios como El Espectador. La recuperación de más de 28.000 hectáreas entregadas a 3.500 familias campesinas en el Cesar representa una política estatal orientada a reparar a las víctimas y desmontar prácticas ilegales profundamente arraigadas.
El problema se agrava por la histórica concentración de la propiedad agraria en Colombia; el Ministerio de Agricultura señala que apenas el 2% de los propietarios acaparan más de la mitad de la tierra cultivable. Este índice de desigualdad ha sido acrecentado por el despojo violento, afectando la seguridad alimentaria y condenando a la marginalidad a numerosas comunidades rurales. Iniciativas como la recuperación administrativa y judicial de extensiones como las 14.000 hectáreas en el complejo cenagoso de la Zapatosa buscan revertir este legado, aunque los obstáculos logísticos y políticos son considerables, tal y como destaca un informe reciente del ANT.
Sin embargo, la presión sobre quienes lideran estos procesos es constante. Acusaciones infundadas, como las dirigidas contra Pineda Ortiz, reflejan una estrategia mediática y política encaminada a desacreditar la restitución de tierras. La directora de la ANT ha desmentido la existencia de un supuesto “cartel de tierras” y enfatizado la transparencia institucional, aunque parte de la opinión pública y algunos medios han contribuido a relatos de desinformación, lo que debilita la confianza en mecanismos claves de reconciliación social.
Este escenario no es novedoso en el Cesar, región señalada en repetidos informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como epicentro de masacres, desplazamientos y apropiación ilegitima de tierras por parte de grupos violentos en las últimas tres décadas. La restitución emprendida hoy es vital para la reparación de víctimas, pero enfrenta resistencias tanto en el plano judicial como en la realidad del territorio, donde los riesgos para la vida e integridad de líderes y campesinos siguen latentes.
Expertos de la Universidad Nacional de Colombia y de organismos de derechos humanos han insistido en que la solución pasa necesariamente por la combinación de acciones legales, mecanismos de monitoreo y una decidida voluntad política, para blindar el proceso de nuevas prácticas de acaparamiento y corrupción. Acorde a las recomendaciones de la Fundación Gabo, también se hace fundamental un periodismo riguroso y ético, capaz de contextualizar los hechos y contrarrestar campañas de desinformación que afectan tanto a servidores públicos como al tejido democrático del país.
En resumen, la disputa actual por la tierra en el Cesar simboliza el pulso entre legalidad e ilegalidad, entre el derecho a la propiedad y la herencia de la violencia, cobijando miles de historias de despojo y resiliencia. El testimonio de Pineda Ortiz y la labor de la ANT ponen de relieve que la restitución de tierras es una condición indispensable para la reconciliación y el fortalecimiento del Estado de derecho en Colombia, donde la justicia y la dignidad de las familias rurales están aún en juego.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué funciones cumple la Agencia Nacional de Tierras (ANT)?
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) es el organismo encargado por el Estado colombiano de administrar, recuperar y adjudicar tierras, especialmente aquellas que hayan sido despojadas de manera violenta o ilegal. Su tarea principal es restituir los derechos de propiedad a las víctimas, implementar mecanismos de formalización y promover la equidad en el acceso a la tierra. Esta labor es crucial en contextos como el Cesar, donde el despojo por parte de actores armados y mafios ha dejado a miles de familias sin sustento ni garantías para el desarrollo rural.
El trabajo de la ANT es frecuentemente sometido a revisión judicial y bajo un alto escrutinio político-social, ya que implica desafiar intereses de grandes propietarios y actores económicos poderosos. El fortalecimiento de la institucionalidad y la transparencia en estos procesos es una de las principales demandas de comunidades afectadas y organizaciones de derechos humanos, especialmente tras denuncias de corrupción o intentos de soborno que han surgido en contextos de restitución y recuperación de predios.
¿Por qué la concentración de la tierra es un problema para el desarrollo rural en Colombia?
La alta concentración de propiedad agraria constituye un desafío estructural para el desarrollo de las zonas rurales colombianas, pues limita el acceso a los recursos más vitales para el bienestar de las comunidades campesinas. Cuando solo un pequeño porcentaje de propietarios controla la mayor parte de las tierras, se restringen las oportunidades de empleo, la producción agrícola local y el acceso a servicios básicos, empujando a amplios sectores de la población a la pobreza y el desplazamiento.
Este fenómeno, documentado por el Ministerio de Agricultura y otros organismos especializados, está en la raíz de conflictos territoriales y sociales de larga data. Abordar la concentración y promover una distribución más justa requiere políticas públicas integrales que combinen restitución, acceso a crédito, asistencia técnica y protección para quienes se ven amenazados por defender su tierra. El éxito de estos procesos es entendido por expertos como central para la reconciliación nacional y la consolidación de una paz duradera.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
