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El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la crisis financiera de la Nueva Entidad Promotora de Salud (EPS) y los problemas estructurales del sistema de aseguramiento en salud de Colombia ha reavivado un debate crucial y prolongado. Esta discusión se encuentra estancada en la Comisión Séptima del Senado, sin avances efectivos desde hace varios meses, mostrando el profundo desacuerdo político y social sobre el camino que debe tomar la reforma al sistema de salud del país. Petro fue enfático en su posición: no rescatará a las EPS que se encuentren en quiebra, subrayando que esta decisión busca una transformación estructural que ha generado polarización tanto en el Congreso como en la ciudadanía, según información obtenida del artículo proporcionado.
El sistema de salud colombiano, basado en el modelo de EPS, enfrenta graves dificultades financieras. Datos recientes del Ministerio de Salud de Colombia revelan que las deudas acumuladas por estas entidades superan los 30 billones de pesos, afectando de manera directa la prestación del servicio y minando la confianza de los usuarios. Estos problemas se deben a deficiencias estructurales relativas al financiamiento y la gestión interna de las EPS, origen de múltiples demandas por atención deficiente o demoras para acceder a los servicios médicos.
El Senado se ha convertido en el epicentro de la discusión, donde nueve senadores —los mismos que en 2024 archivaron la primera reforma a la salud y frenaron la reforma laboral— han expresado preocupaciones especialmente en torno a la viabilidad presupuestal de la reforma propuesta. Norma Hurtado, del Partido de la U, denunció contradicciones notables en las cifras oficiales: el aval fiscal difiere en 4,4 billones de pesos respecto al presupuesto para 2026. Esta falta de transparencia y claridad en los datos oficiales ha dificultado la construcción de consensos, obstaculizando el avance de la reforma.
Petro, en línea con su diagnóstico, responsabiliza al Congreso por el estancamiento de las reformas y advierte que, si persiste el modelo actual, las EPS seguirán quebrando. Propone avanzar hacia un sistema público de salud que elimine intermediarios privados y propicie una cobertura integral. Sin embargo, las divisiones institucionales —acentuadas tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional— ponen en duda el ritmo y la posibilidad de alcanzar acuerdos legislativos.
Diversos expertos en salud pública consultados por medios como El Tiempo advierten que una reforma al sistema de salud es inevitable para corregir desigualdades históricas, pero insisten en que el mayor reto reside en diseñar un plan sustentable tanto en lo financiero como en lo administrativo, desafío que recae tanto en el actual gobierno como en los futuros responsables de la política pública. Voces como la del representante David Racero subrayan la necesidad de priorizar la prevención y la atención accesible a nivel nacional, reflejando una presión social creciente por una salud universal y de calidad.
En definitiva, la reforma a la salud en Colombia supone el entrecruce de factores técnicos, económicos y políticos, evidenciando desacuerdos sobre el modelo de Estado y las fórmulas para alcanzar la sostenibilidad fiscal y la justicia social. En medio de tensiones y falta de claridad presupuestal, el futuro del sistema de salud queda abierto, a la espera de una negociación cuidadosa y del escrutinio público ante posibles impactos en la vida diaria de millones de colombianos.
¿Qué implica el aval fiscal en la discusión de la reforma a la salud?
El aval fiscal es la aprobación que otorga el Gobierno Nacional sobre la viabilidad financiera de un proyecto de ley, asegurando que existan recursos suficientes para su implementación. En el contexto de la reforma a la salud, la discrepancia entre el aval fiscal y el presupuesto proyectado ha sido uno de los principales puntos de desacuerdo en el Congreso, según denunció la senadora Norma Hurtado. Esta falta de correspondencia ha frenado el consenso, ya que existe preocupación sobre cómo se financiarían las transformaciones sin poner en riesgo la estabilidad económica.
La relevancia de esta pregunta radica en que sin aval fiscal es inviable la aprobación de cualquier reforma que implique gastos públicos de gran magnitud. Por esa razón, la transparencia y coherencia en las cifras presentadas por el Gobierno resultan esenciales para destrabar el debate y garantizar que los cambios propuestos sean sostenibles a largo plazo dentro del esquema fiscal colombiano.
¿Por qué el debate sobre la salud refleja divisiones políticas en Colombia?
El debate en torno a la reforma de la salud pone de manifiesto profundas diferencias entre las distintas fuerzas políticas colombianas sobre el papel del Estado y los mecanismos adecuados para garantizar derechos sociales fundamentales. Las posiciones opuestas respecto a la participación de intermediarios privados, la financiación del sistema y la gobernanza de la salud evidencian modelos de país en disputa. La polarización se acentuó tras decisiones institucionales polémicas, como la elección de magistrados, que han alterado el ambiente de colaboración entre las ramas del poder público.
Comprender esta dinámica es clave porque la salud es uno de los principales bienes colectivos, y cualquier transformación en el sistema puede afectar de manera directa a todos los ciudadanos. Por ello, la fractura política ha incidido en la lentitud de las reformas y en el escepticismo generalizado sobre la posibilidad de construir consensos en favor de un sistema más eficiente, equitativo y transparente.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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