En el penal El Barne de Cómbita, Boyacá, las autoridades descubrieron esta semana una red delictiva que operaba como un verdadero call center criminal. De acuerdo con El Tiempo, durante un operativo de la Policía y la Fiscalía se incautaron 105 celulares, 53 tarjetas SIM, tres módems, 23 directorios con datos sensibles de posibles víctimas, 29 armas blancas y otros elementos tecnológicos valorados en más de 500 millones de pesos.
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Según la información publicada por el medio citado, los líderes de esta estructura eran dos internos conocidos como alias el Negro y alias Panda. Desde sus celdas orquestaban llamadas intimidantes en las que se hacían pasar por miembros de grupos armados ilegales. El objetivo era claro: presionar a sus víctimas hasta obtener transferencias de dinero bajo amenazas. La estrategia, que combinaba intimidación y manipulación psicológica, impactó a más de 10.000 personas en distintas regiones del país.
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En cifras reveladas por El Tiempo, los ingresos mensuales de esta red superaban los 1.200 millones de pesos, consolidando esta operación como una de las rentas criminales más lucrativas desde un centro penitenciario. Pero el hallazgo más alarmante va más allá de las cifras: parte del éxito de esta red habría sido posible gracias a la complicidad de funcionarios del Inpec.
Extorsión con complicidad de funcionarios del Inpec
El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Unidad de Antiextorsión y Antisecuestro de la Policía Nacional, afirmó a El Tiempo que existen líneas de investigación contra ciertos funcionarios penitenciarios que, presuntamente, facilitaron el ingreso de equipos y permitieron la continuidad de estas operaciones ilícitas. Aunque reconoció que no todos los trabajadores están involucrados, destacó que el Ministerio de Justicia y el Inpec ya trabajan con la Fiscalía para rastrear los bienes adquiridos por estos funcionarios sin justificación.
En su informe, El Tiempo señala que las cárceles han pasado de esconder celulares en dobles fondos a operar complejas redes digitales que aprovechan tecnologías como criptoactivos y llamadas cifradas. Ante esto, el Gaula ha conformado grupos especializados como los Sefic para rastrear bienes ilegales, y ha reforzado el Cibergaula con el apoyo de agencias internacionales como la DEA.
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Durante 2025, las autoridades han ejecutado 46 operativos en cárceles, incautando más de 900 celulares, mil SIM cards y cerca de 500 armas blancas, según datos citados por el diario. Estos resultados muestran que la infraestructura para delinquir desde prisión no es un hecho aislado.
El coronel Sanabria subrayó que el 86 % de quienes son capturados por extorsión reciben medida intramural. También insistió en que la denuncia ciudadana es esencial para desmantelar estas redes. “Cuando un ciudadano denuncia, el Estado activa mecanismos para protegerlo”, afirmó, remarcando que el primer paso para romper estas cadenas criminales es la información proporcionada por las víctimas.
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