Las 34 universidades públicas de Colombia, entre ellas la de Caldas y la sede de la Nacional en Manizales, arrastran un déficit cercano a los $3,5 billones. Por lo menos, la sostenibilidad del 2018 al 2022 se garantizó con recursos adicionales, tras el acuerdo del Gobierno de Iván Duque con los movimientos estudiantil y profesoral del 2018.

¿Qué pasará en el resto del 2022 y del 2023 en adelante?, esa pregunta la empezaron a resolver, en parte, los rectores de las instituciones con Alejandro Gaviria, designado por el presidente electo, Gustavo Petro, como ministro de Educación.

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En una reunión en la Universidad de Córdoba, en Montería, le plantearon las inquietudes a Gaviria quien, de acuerdo con el reporte del diario El Universal, se comprometió con garantizar dinero adicional para el próximo año.

Sin embargo, lo que pretende el Sistema Universitario Estatal (SUE), que agrupa a las Universidades oficiales, es buscar una solución de raíz a partir de la reforma a la Ley 30 de 1992, en sus artículos 86 y 87. 

Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE, dijo ayer a LA PATRIA, que las universidades en los últimos 20 años han crecido cinco puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que se traduce en el billonario faltante.

“Eso ha generado que las universidades públicas deban hacer esfuerzos propios para la producción de recursos. Hoy el 49% de los recursos con que funcionan las 34 universidades públicas son propios”, agregó Torres.

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Torres, como otros rectores, plantean que el Índice de la Canasta Educativa (ICE) reemplace al IPC. “Este nuevo indicador involucra componentes que no tiene el actual mecanismo de transferencia”.

¿Cuál es el proyecto de Alejandro Gaviria

Gaviria, en ese sentido, anunció que en el 2023 presentará un proyecto de ley ante el Congreso, con el fin de reformar la Ley 30 y convertir en política de estado el financiamiento de las universidades públicas.

“Pueden contar con un ministro de Educación que va a trabajar mancomunadamente para conseguir los recursos, para dar las peleas en el Congreso, para incorporar nuestros deseos en el Plan Nacional de Desarrollo y convertir la educación en el eje de la transformación de nuestro país”, añadió Gaviria.

Reiteró que es clave resolver necesidades de financiamiento 2022 – 2023, mientras se avanza con la reforma de la ley.

La oferta de los 34 centros de educación superior incluye 1.500 programas de pregrado, 1.700 de posgrados y 250 doctorados, además de profesores e investigadores. “Recursos que pueden ajustarse a las necesidades y pertinencia de las regiones, con el cual se busca construir un modelo de regionalización de la universidad pública en condiciones de calidad, pertinencia y gratuidad”, concluye el SUE.

¿Cuáles son las solicitudes de los rectores?

Los rectores le solicitan al presidente electo, Gustavo Petro, aspectos como los siguientes:

  • Mantener para el 2023 los recursos financieros obtenidos en el acuerdo del año 2018 con el gobierno saliente; incorporándolos al Plan de Desarrollo del siguiente cuatrienio.

Estos recursos financieros han permitido estabilizar el funcionamiento del sistema de educación superior público, hasta que se logre la reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30, que permitiría la sostenibilidad financiera del SUE.

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  • Que el diferencial del 2,62 %, que equivale aproximadamente a $102.000 millones para el Sistema Universitario Estatal ($ 99.500 millones en funcionamiento y $ 2.500 millones en inversión), sean incluidos en las transferencias presupuestales de la presente vigencia, con el propósito de atender los compromisos y obligaciones de nuestras instituciones.
  • El sistema de educación superior pública está en la capacidad de incrementar la cobertura que requiere el país, para ello, es necesario su financiamiento y el fortalecimiento requerido para poder responder al incremento necesario en los territorios con calidad y pertinencia.
  • Continuar y fortalecer el proceso de gratuidad en la matrícula en el sistema de educación superior publica en Colombia.

El SUE reafirma su compromiso en defensa de la educación superior pública y acompaña al actual ministro de Educación designado, Dr. Alejandro Gaviria Uribe, para garantizar la educación como un derecho fundamental, que genere los cambios y transformaciones que requiere Colombia.