El senador Germán Varón, autor del proyecto, reconoció que tendrá que ajustarse el texto que establecía penas de entre 4 y 8 años de prisión para quienes filtren esas informaciones, informó la W Radio.

En teoría, lo que se buscaba era evitar que, por ejemplo, investigados y criminales obtuvieran información adelantada sobre sus casos que pudiera permitirles entorpecer los procesos.

Sin embargo, la iniciativa había generado revuelo este miércoles por sus posibles repercusiones e impacto en la libertad de prensa, tal como lo reconocieron algunos parlamentarios, según Caracol Radio.

“Si es necesario estableceremos dentro del artículo la excepción de que aquellas personas amparadas por ley para guardar una reserva de orden profesional, no estarán obligadas y no serán sujetas de dicha sanción”, aseguró el congresista en diálogo con la W, refiriéndose a los casos en que la información se le suministre a comunicadores que están cobijados por secreto profesional.

Aún así, todavía no es claro si esto sea suficiente para descartar que, en una hipotética entrada en vigencia, la ley sí termine silenciando las voces de los denunciantes por miedo a terminar encarcelados.

De cualquier manera, algunos legisladores todavía no entienden “por qué se incluyó este artículo que nada tiene que ver con la lucha contra la corrupción”, que es el espíritu del proyecto de ley del que hace parte el cuestionado artículo.