Sin quitarle legitimidad a la protesta social, Iván Duque aprovechó su discurso durante la instalación de sesiones ordinarias del Congreso para referirse a la protesta pacífica en el país, que respeta, pero que no comparte cuando se da en medio de bloqueos y actos de vandalismo y violencia.

“Sabemos y entendemos que hay deudas históricas que saldar, que son muchas las frustraciones que como sociedad sentimos, pero la solución la encontramos trabajando en equipo, mirándonos a los ojos, tendiéndonos la mano para construir, no para destruir”, señaló Duque, ante senadores y representantes.

Para el presidente, Colombia debe entender que el derecho a la protesta pacífica se protege, se respeta y se garantiza, pero no se pueden interrumpir las oportunidades de vida de los demás. “Impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o se le prive de tener comida en su mesa, es un delito, sin ambivalencias, ni licencias morales”, sostuvo Duque.

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Además, fue enfático en decir ante los congresistas que los bloqueos no son cortes de ruta. “Son cortes de vida, no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos”, insistió el mandatario.

Iván Duque habla de la intervención de la fuerza pública en protestas

Duque, además, informó que ya dio instrucciones claras a los miembros de la Fuerza Pública respeten las garantías y la protección de la protesta pacífica. Sin embargo, también les dio orden para que intervengan con contundencia y utilizando todas las herramientas de la Constitución para defender a la ciudadanía de los vándalos y terroristas.

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“Este es el motivo por el que ya iniciamos el Proyecto de Transformación Integral de la Policía Nacional, con el que estamos creando una nueva identidad de la Institución para mejorar su proximidad con los ciudadanos”, dijo Duque en su discurso.

Durante su discurso, el presidente también se refirió a temas como el avance del plan de vacunación en Colombia, el proyecto de matrícula cero, la paz con legalidad, la generación de empleo y el plan de reactivación que pondrá en marcha en su último año de Gobierno.