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Tras el lamentable hecho en que Karen Yulieth Solano Gil perdió la vida, los propietarios de la vivienda ubicada en la intersección de la carrera 14 con calle 22, en el barrio 12 de octubre, decidieron romper el silencio y presentar su versión sobre los acontecimientos. Esta decisión surgió a raíz de las primeras versiones oficiales presentadas por las autoridades, las cuales, según los dueños del inmueble, no reflejan con precisión la situación real del lugar ni los sucesos investigados.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, los propietarios aclararon que, contrario a los rumores, la casa en cuestión no se encuentra abandonada ni funciona como expendio de drogas. Explicaron que el segundo piso alberga dos apartamentos: uno de ellos está ocupado durante el día por la cooperativa de transportes y permanece desocupado en las noches; el otro apartamento lleva más de dos años sin ser habitado. Esta circunstancia ha propiciado que personas en condición de calle accedan ocasionalmente a la terraza externa para pernoctar ahí.
Los propietarios relatan que este inconveniente de invasión por parte de habitantes de calle ha sido informado de manera repetida a la Policía. Sin embargo, afirman que, aunque los uniformados acuden y desalojan a quienes pernoctan en la terraza, estos suelen regresar una vez concluido el procedimiento. De acuerdo con lo expresado por un vocero de la familia propietaria, durante estas estadías es común que algunas personas consuman sustancias, situación que agrava la percepción de inseguridad en el entorno inmediato de la vivienda.
La vocería fue enfática al señalar que el crimen de Karen Yulieth no tuvo lugar dentro de ninguno de los apartamentos habitados, ni en espacios destinados a actividades ilegales. Además, rechazaron la narrativa de que se trate de un "antro desocupado" o un inmueble dedicado a la venta de drogas. La familia hizo hincapié en la propiedad legal del lugar, que pertenece a la madre ya fallecida, y evidenció su preocupación por los señalamientos infundados que afectan su integridad moral y su seguridad personal.
Este pronunciamiento refleja el interés de los propietarios en precisar los hechos y cuidar su buen nombre, al tiempo que desacredita versiones que puedan alimentar la estigmatización o promover información incorrecta sobre el uso y estado de la vivienda. El debate sobre la responsabilidad de los dueños frente al ingreso reiterado de personas ajenas y la falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades muestra la complejidad de estas situaciones en zonas urbanas vulnerables.
¿Cuál es el papel de las autoridades locales para prevenir la ocupación de viviendas vacías?La recurrencia de casos en los que personas en condición de calle utilizan espacios desocupados como refugio nocturno, como ocurre en el barrio 12 de octubre según lo relatado por los propietarios, pone en evidencia las carencias de una respuesta articulada entre los dueños de inmuebles, las autoridades y el entorno social. Los llamados constantes a la Policía para desalojar a quienes acceden sin permiso, indican que la acción policial resulta transitoria y no soluciona de fondo la problemática.
En este contexto, la pregunta sobre la responsabilidad institucional toma relevancia, pues la presencia constante de estas personas plantea desafíos de seguridad, convivencia y de dignidad humana. Una intervención efectiva requiere no solo vigilancia, sino también políticas públicas integrales que atiendan el fenómeno de la exclusión social y la falta de vivienda, para que ni los residentes del barrio ni los propietarios de los inmuebles deban cargar solos con las consecuencias de situaciones que les sobrepasan.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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