A través de un fallo en primera instancia emitido por la Procuraduría General de la Nación, el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y Basilio Alexander Vicens, quien fungió como secretario (e) de Cultura durante el proceso contractual de la polémica por el alumbrado navideño, los exfuncionarios fueron sancionados por la falta de idoneidad de la Corporación Festival Folclórico para ejecutar el controversial contrato.
Fallo en primera instancia
En primera medida, la Procuraduría da por hecho que la corporación no era idónea para llevar a cabo actividades con el alumbrado navideño. Así pues, el fallo señala “la falta de idoneidad de la Corporación Festival Folclórico Colombiano para suscribir el convenio 1918 del 2016 era evidente puesto que no contaba con la experiencia que acreditara la capacidad técnica especializada, para el desarrollo del objeto contractual (sic)”.
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Dentro de los argumentos en los que se fundamenta la institución para sancionar al exalcalde Jaramillo, el fallo estipula que: “(…) Se configura la existencia de la ilicitud sustancial contemplada en el artículo 5 de la Ley 734 del 2002, porque afectó la función pública en la medida en que trasgredió el ordenamiento jurídico e impactó los principios de la contratación de Selección Objetiva y Responsabilidad y el principio de la Moralidad de la Función Pública (sic)”, configurando la falta del exalcalde como ‘culpabilidad grave’.
Por su parte, para la sanción de Vicens, la institución señaló que imperan dos cargos en su contra, el primero por “una desatención elemental, puesto que la falta de idoneidad del cooperante era evidente, y no requería un estudio especializado (…) por lo que se imputó el cargo a título de culpa gravísima” y el segundo “se configura la existencia de la ilicitud sustancial porque afectó la función pública en la medida en que trasgredió el ordenamiento jurídico”, este último haciendo alusión a la supuesta acta modificatoria con la que se facultó la subcontratación de las empresas Dekatronika, Moriah Company y Dotaciones Multiproyectos.
La Procuraduría resolvió sancionar a Jaramillo con suspensión en el ejercicio del cargo como Alcalde por siete meses, asunto que se modificó al pago de $ 82.017.124 de pesos puesto que ya no ostenta el cargo de burgomaestre.
Mientras que para Vicens, la institución resolvió sancionar la destitución e inhabilidad para ostentar función pública por el término de diez (10) años por “encontrarlo responsable de las faltas disciplinarias”.
‘Vistazo’ al pasado
La Corporación, como se sabe, suscribió un convenio con el municipio por $ 1.600 millones para que adelantara el montaje y los eventos de la época decembrina, pero la entidad decidió subcontratar a tres empresas (Dekatronika, Moriah Company y Dotaciones Multiproyectos) para que ejecutara las actividades.
Aunque una cláusula del convenio señalaba expresamente que se prohibía ceder o subcontratar algunos de los derechos y las obligaciones del convenio, las dos partes suscribieron un acta modificatoria para habilitar esa posibilidad.
Una modificación así estaba contemplada en el convenio, pero debía ceñirse a algunas condiciones que quedaron establecidas en un literal: debía realizarse con 15 días de anticipación salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
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Sin embargo, el acta modificatoria, que curiosamente no tenía los logos de la Alcaldía de Ibagué a pesar de ser un documento oficial, se suscribió el mismo día que se firmó el convenio (el 11 de noviembre de 2016), entre Bethy García y Basilio Vicens, entonces secretario (e) de Cultura.
De acuerdo con el exfuncionario, su rúbrica fue plagiada en un acta que modificaba una cláusula dentro del convenio 1918 de noviembre de 2016, que suscribió el Municipio con la Corporación Festival Folclórico por $ 1.600 millones, que daba facultades a esta entidad para subcontratar la realización de la agenda navideña de ese año, que incluía la instalación del alumbrado.
Al parecer, esta supuesta maniobra se debió tomar debido a la presunta falta de idoneidad de la Corporación para ejecutar el objeto del convenio y, en consecuencia, habría tenido que subcontratar estas actividades con las empresas Dekatronika, Moriah Company y Dotaciones Multiproyectos.
Vicens sostuvo con anterioridad ante el juez del caso que nunca conoció el documento, el cual, vale decirlo, no señala el nombre de la persona que escribió su contenido y carece del logo de la Administración. Además, señaló que el exalcalde Jaramillo Martínez sí estuvo enterado de los detalles del desarrollo del polémico convenio porque, de hecho, habló directamente con él al respecto.
¿Sanción meritoria?
Al establecer contacto con Alexander Vicens, este acotó que la medida es injusta y desproporcionada en su contra, pues el proceso que se adelanta desde el estamento penal (Fiscalía) dista mucho de la decisión tomada por el ente disciplinario. “Se desconoce el proceso que se ha llevado desde el proceso penal, mientras que el proceso disciplinario lleva otro criterio totalmente distinto”.
Frente a las circunstancias del alumbrado navideño, Vicens señaló frente al tema de idoneidad que “el documento para certificar la idoneidad de la corporación fue revisado e investigado por ocho profesionales de derecho, entre ellos la secretaria de Apoyo a la Gestión de la época y la jefe de la Oficina Jurídica”.
Y argumentó frente al tema de la subcontratación que: “Apareció un documento que aportó la defensa de Jaramillo, un acta modificatoria, en donde supuestamente autorizaba a la corporación para que pudiera subcontratar. Ese documento no lo firmé, declaré ante la Fiscalía y la Procuraduría bajo juramento. La firma que aparece ahí es falsa y no corresponde a como yo firmo normalmente. Además, la defensa del exalcalde nunca justificó de dónde sacó ese documento y tampoco dio razón de porqué no aparece el acta modificatoria en la carpeta original del proceso”.
Así pues, Vicens enfatizó que buscará llegar a la segunda instancia para defenderse de la sanción. “No tengo problemas con Jaramillo, pero todos saben que en ese equipo de trabajo se seguían las órdenes directas de él. Nos acogimos al conducto regular para tramitar el proceso contractual. Estoy impresionado y asustado frente al fallo porque cómo puede haber una diferencia tan grande de lo que está pasando en el tema penal frente al asunto disciplinario de la Procuraduría. Uno empieza a desconfiar de las instituciones como tal”, apostilló el exfuncionario.
Por este mismo caso, el exalcalde Jaramillo enfrenta un proceso penal que está en su etapa final. El próximo 10 de agosto está prevista la audiencia de alegato de conclusión y posterior a ello el juzgado fijará fecha de lectura de sentencia.
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