El jurista aseguró que para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que recomendó ajustar las competencias sancionatorias en contra de servidores públicos de elección popular, no es necesario suprimir la entidad.

Recordó que la Corte IDH, en sentido estricto, pidió ajustar la normatividad para que una entidad administrativa como la Procuraduría no pueda restringir los derechos políticos de un funcionario electo por voto popular a través de facultades disciplinarias.

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Gómez Méndez está de acuerdo con que la Procuraduría no debería tener tal competencia, por lo que sería necesaria una reforma constitucional; sin embargo, consideró que la entidad podría conservar las funciones disciplinarias frente al resto de servidores públicos y el control preventivo.

“Viable podría ser en términos políticos, pero no creo que sea necesario en este momento (…) habría que esperar qué pasa en seis meses y que se haga el debate, en el Congreso y la opinión, ahí surgirán ideas”, afirmó en entrevista para Blu Radio.

El exprocurador aseguró que el presidente Petro, tal y como consolidó las mayorías en el Congreso, sumando a algunos de sus más férreos y enconados críticos, tendría el apoyo suficiente para sacar adelante una reforma semejante.

En lo que respecta a la unidad anticorrupción en la Fiscalía, Gómez precisó que ya existe. Y aunque está de acuerdo con que debe fortalecerse esa entidad, el área de investigación no está seguro de si la forma adecuada sea engrosando la planta con los funcionarios de la Procuraduría.

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“No sé qué tan buena sea la idea de trasladar automáticamente a los funcionarios de la Procuraduría a la Fiscalía. En el pasado se hizo con el Das y no fue tan exitosa (…) la gran lucha contra la corrupción consiste en aplicar el Código Penal Vigente y hay suficientes instrumentos para hacerlo”, dijo.

Finalmente, Gómez señaló que este será un debate largo, pues el mismo Petro ha dicho que una eventual reforma aplicaría a partir de 2025, cuando concluya el periodo de la procuradora Margarita Cabello.