El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La Procuraduría General de la Nación ha adoptado medidas disciplinarias firmes contra dos miembros del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional, tras concluir la investigación sobre la muerte de Daniel Alejandro Zapata. Este caso se remonta a las protestas desarrolladas el 1 de mayo de 2021 en el Portal Banderas de Transmilenio, en el suroccidente de Bogotá, en el marco de las movilizaciones extendidas por el Paro Nacional. Según reportó El Espectador, Zapata, de 20 años, sufrió una herida mortal en la cabeza, presuntamente ocasionada por un artefacto, lo que lo convirtió en la primera víctima mortal en la capital durante esas jornadas.
En la investigación disciplinaria, se determinó la responsabilidad directa del patrullero Abberson de Jesús Salas Acosta, identificado como el patrullero del ESMAD No. 23 DEGUA. La Procuraduría Distrital de Juzgamiento calificó su actuar como un uso desproporcionado de la fuerza, puesto que se estableció que disparó su fusil lanzagases hacia los manifestantes, lo que resultó fatal para Zapata. Por este motivo, fue destituido e inhabilitado por 18 años, siendo catalogada su conducta como gravísima y atribuida a dolo, según la Procuraduría.
Asimismo, el subteniente Jorge Enrique Bombita Uriana, comandante de la sección 1 del ESMAD esa jornada, recibió una suspensión de ocho meses con inhabilidad especial. Aunque no agredió directamente a los manifestantes, se le halló responsable de fallas en el mando y supervisión, ya que habría ordenado a Salas Acosta intervenir en la multitud “a través del uso de la fuerza”. Su acción fue considerada también dolosa y grave, subrayando el contexto de tensión y riesgo durante las protestas.
El pronunciamiento del Ministerio Público subrayó la violación de principios esenciales como la integridad personal, la legalidad y la proporcionalidad en el uso de la fuerza pública por parte de los oficiales involucrados. Los procesos disciplinarios desarrollados buscaban proteger estos valores, fundamentales dentro del actuar de los organismos encargados de la seguridad ciudadana.
El caso de Daniel Alejandro Zapata no solo refleja la complejidad del manejo de las protestas sociales, sino también las crecientes exigencias de responsabilidad y transparencia hacia la fuerza pública en Colombia. Organizaciones como Lazos de Dignidad y medios como El Espectador han documentado el impacto humano de estos hechos, amplificando la discusión sobre el respeto a los derechos fundamentales en contextos de movilización social y el papel de la justicia disciplinaria para establecer precedentes.
Quienes deseen información adicional sobre temas de justicia, seguridad y derechos humanos pueden consultar la sección Judicial de El Espectador, la cual cubre de manera detallada los avances y debates en estos ámbitos dentro del país, permitiendo un mayor entendimiento sobre la evolución de casos semejantes y la función de instituciones como la Procuraduría.
¿Qué es el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)?
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es una unidad de la Policía Nacional de Colombia creada especialmente para el control y contención de disturbios, manifestaciones públicas y situaciones de orden público que exceden las capacidades de reacción de otras unidades policiales. Su función se centra en la intervención durante protestas y escenarios de alteración del orden, empleando tácticas y equipos especializados para el manejo de multitudes.
El ESMAD ha sido objeto de debate público y relevancia mediática, especialmente durante períodos de intensas manifestaciones sociales. Casos como el de Daniel Alejandro Zapata han colocado bajo escrutinio el modo de proceder del escuadrón y la importancia de mantener estándares rigurosos en el uso legítimo de la fuerza, así como la necesidad de exigir responsabilidades cuando se constata un abuso o desproporción en su actuar, tal y como se evidenció en las conclusiones presentadas por la Procuraduría General de la Nación.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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