Así, la Procuraduría le pidió al juez 44, que lleva la demanda sobre este proceso, desestimar los riesgos asociados a la ejecución del proyecto. “Ahora el juez tendrá nuevos elementos que le permitirán realizar sus análisis respectivos”, dice el Instituto de Desarrollo Urbano (UDU) en un comunicado.
Según el IDU, mediante una comunicación suscrita por la Procuraduría al juez, el órgano de control “solicita muy respetuosamente considerar las presentes circunstancias, hechos y documentos aportados con el propósito de desestimar la medida cautelar en este estado de cosas actuales”.
La entidad informó que las mesas de trabajo para informar al Ministerio Público se efectuaron el 10 y 11 de junio, “donde entregó la información detallada que resolvía las dudas de los aspectos planteados por la Procuraduría a la hora de solicitar las medidas cautelares de suspensión para la Valorización”, dice el comunicado en otro de sus apartes.
En esas actividades conjuntas, la Administración distrital resolvió inquietudes del órgano de control sobre la capacidad de pago de los ciudadanos, el cronograma y la ejecución de las obras, y reclamaciones de los ciudadanos sobre el valor de la valorización”, agrega el despacho oficial.
“Sobre el aspecto de la capacidad de pago, la Procuraduría señala que no solo se tuvo en cuenta la Encuesta Multipropósito 2014, sino diversos análisis como el estudio de pago adelantado por la Secretaría de Planeación en 2016; complementado con otros estudios independientes adelantados en 2018, que sirvieron como sustento para la aprobación de la Valorización por parte del Concejo de la cuidad”, explica el IDU.
De acuerdo con esa entidad, la comunicación de la Procuraduría indica que “se pudo evidenciar que en esta oportunidad la Valorización solo será cobrada a los dueños de predios ubicados en estrato 4, 5 y 6, y a dueños de establecimientos comerciales ubicados dentro de la zona delimitada”.
“Sobre la ejecución de las obras, el Ministerio Público señala que el cronograma aportado por la Alcaldía indica que 15 de las 16 obras que se adelantarán con esta contribución, se adjudicarán entre octubre y noviembre de este año”, sigue el IDU. “Y sobre la obra restante, indica que hay información clara sobre la financiación y ejecución en 2020, lo que desestima riesgos asociados a su ejecución”.
Aclaró el IDU que de los más de 370.000 predios notificados para esta contribución, solo el 2 % presentó un recurso de reconsideración, y de estos, el 0.23 % expuso como argumento la capacidad de pago. “Entre los acuerdos de las mesas de trabajo, se estableció además que estas reclamaciones serán solucionadas antes del 16 de diciembre y el 2 de diciembre de este año también el IDU entregará un informe de cumplimiento de cronograma de las obras”, dice la entidad a este respecto.
En concepto de la Procuraduría, citada por el IDU, con base en lo que revisó y lo que valoró, “se están asegurando los intereses de la ciudadanía cuando existe certeza en cuanto a la ejecución de los presupuestos. […] Tampoco se observa una transgresión evidente de normas superiores. […] Por el contrario, en defensa del interés general y del desarrollo social, económico y sostenible de la ciudad decretar una medida cautelar puede tener algún grado de afectación sobre el mismo”.
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