La Procuraduría explicó que envió un concepto a la JEP en el que precisa que las conductas por las que fue condenado García Romero fueron “cometidas en su calidad de fundador y miembro del Bloque Héroes de Montes de María, de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y los miembros de los grupos paramilitares no son sujetos de competencia de la JEP”.

Agregó en un comunicado que la condición de excongresista no es un requisito absoluto para permitir su ingreso, e indicó que su “participación en la masacre de Macayepo, en jurisdicción de Carmen de Bolívar (14 de octubre de 2000) ocurrió mientras era miembro activo de las (Autodefensas Unidas de Colombia) AUC y no como un tercero civil”.

La masacre de Macayepo, que dejó al menos 15 campesinos muertos a garrote y machete y al menos 200 familias desplazadas, fue cometida por un grupo de 80 paramilitares del ‘Bloque Norte’ de las desmovilizadas AUC, al mando de Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’.

La Procuraduría recordó que los terceros civiles que colaboraron o financiaron grupos armados no pueden recibir beneficios en la JEP si actuaron en calidad de miembros orgánicos de las AUC, como es el caso de García Romero.

Precisó que “este no es un caso de un político que tuvo nexos con grupos armados paramilitares, sino el de un paramilitar que incursionó en la política”.

El órgano de control dijo que en este caso el compromiso de García Romero con la verdad “ha sido muy pobre, ya que no anuncia hechos nuevos ni promete aportar verdad sobre circunstancias que no han sido conocidas por la justicia ordinaria”.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) condenó en 2010 a García Romero, que fue por más de dos décadas parlamentario, a 40 años de prisión.