En la diligencia participarán el Ministerio del Interior, el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, asociaciones de familiares de personas desaparecidas y autoridades locales, informó la JEP en un comunicado.
La comuna 13 de Medellín fue el escenario en octubre de 2002 de la llamada ‘Operación Orión’, en la que las autoridades buscaban expulsar de esas barriadas a grupos ilegales y que, según organismos de defensa de los derechos humanos, dejó numerosos desaparecidos y se hizo en colaboración con grupos paramilitares.
En esta audiencia, los próximos miércoles y jueves, la JEP también evaluará si estos sitios de inhumación están en riesgo de ser dañados, alterados o destruidos de manera natural “o por intervención humana”, y si toma medidas cautelares al respecto para protegerlos.
En esta popular barriada, que en los años 90 fue uno de los lugares más violentos del país, tuvieron fuerte presencia varios grupos guerrilleros, que posteriormente fueron sustituidos por los bloques Metro y Cacique Nutibara de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), además de bandas criminales que siempre se mantuvieron en la zona.
La indagación se fundamenta en una petición de representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y de familiares de desaparecidos, que pidieron a la JEP que tome medidas cautelares en 16 lugares del país donde “se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado”.
Los demandantes pidieron el cierre cautelar de los lugares conocidos como ‘La Arenera’ y ‘La Escombrera’, donde se sospecha que están enterrados los cuerpos de los desaparecidos, para que “la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pueda actuar en mejores condiciones en estos lugares” en el futuro.
El tribunal transicional precisó que esta audiencia servirá para recaudar información sobre las desapariciones, por lo que “de ninguna manera” atribuirá responsabilidades sobre las mismas o para definir “todos los derechos de las víctimas del delito de desaparición forzada en tales territorios”.
La JEP también quiere determinar si en la comuna 13 o en sus alrededores hay otros lugares de inhumación que se desconocían hasta la fecha, y si en ellos hay cuerpos de víctimas de desaparición forzada.
El pasado 18 de julio, uno de los mandos de la ‘Operación Orión’, el general en retiro Mario Montoya, que fue el comandante del Ejército de Colombia entre 2006 y 2008, se sometió a la JEP por su presunta vinculación con los ‘falsos positivos’, como se conoce en Colombia al escándalo de ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Por eso, según el tribunal la sesión será “una oportunidad para que las instituciones, entidades y organizaciones que hayan tenido alguna responsabilidad en la búsqueda o exhumación presenten de manera pública, y especialmente ante las víctimas, sus planes, medidas (…) para establecer un diálogo que permita contar con un panorama completo y complejo sobre la situación en la que están los lugares cuya protección, preservación y conservación se solicita”.
En 2015, la Fiscalía colombiana excavó durante cuatro meses en ‘La Escombrera’, registraron 25.600 metros cúbicos de tierra y no hallaron osamentas humanas.
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