La Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz confirmaron hace pocos días que ya están listos para analizar las solicitudes de los terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública que quieran abrir sus expedientes en la justicia transicional.
Ahora, quienes deseen acceder a esa posibilidad tienen tres meses para presentar su petición, así hayan o no estado vinculados formalmente a una investigación penal previa.
En ese sentido, CM& aseguró que son 1.028 personas las que podrían ser incluidas en los casos de estudio de la JEP. Además, detalló que esas personas se distribuyen así:
– 311 civiles, entre ganaderos y empresarios.
– 717 funcionarios públicos, de los cuales 571 son exalcaldes y 60, gobernadores.
En ese sentido, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, dijo que se determinará cuáles de esas personas cumplieron “roles definitivos” en el desarrollo del conflicto interno, ya fuera como promotores, financiadores o impulsores de la violencia.
La magistrada Linares además explicó las preguntas que buscan responder:
“¿Quiénes financiaron el conflicto? ¿En qué manera lo hicieron? ¿Cuáles fueron las pretensiones? ¿Quiénes promovieron cierto tipo de prácticas que pudieron derivar en la comisión de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad?”.
Adicionalmente, según el noticiero, se lograron detectar al menos 152 empresarios y colaboradores de las Farc que sirvieron como testaferros de la guerrilla.
Esto, según un informe de la Fiscalía en el que se concluye que “el análisis de los dispositivos electrónicos incautados y las entrevistas a desmovilizados pusieron al descubierto esta modalidad de ocultamiento de bienes”.
Ahora, la JEP buscará develar los vínculos de estás más de 1.000 personas, no solo con dineros de las Farc, sino también de los paramilitares.
Una vez estas personas que quieren someterse voluntariamente a la JEP cumplan los requisitos “de competencia material” –ser civiles o funcionarios–, o “competencia material” –haber aportado a la comisión de delitos–, el caso será estudiado por un fiscal para saber si puede trasladarse o no a la justicia de paz.
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