La Procuraduría le solicitó al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que entregara resultados sobre las recientes quejas e inconformidades planteadas por los directores de los 125 centros penitenciarios que hay en el país sobre el servicio de alimentación. Entre los requerimientos se encuentra el listado de contratistas y quejas por el mal servicio, además de las cuentas en cada uno de los centros.
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El requerimiento se da luego de que una funcionaria delegada para los derechos humanos del Ministerio Público, realizará varias visitas a centros de reclusión como El Barne, La Picota, El Pedregal y La Tramacúa, entre otros. Allí, la procuraduría delegada pudo establecer que existen fallas en la prestación del servicio de alimentación en los centros penitenciarios.
Representantes del Ministerio Público pudieron corroborar estos datos con los 125 directores de los centros de reclusión que existen en el territorio nacional durante una reunión organizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Allí, los directores manifestaron sus inconformidades con el suministro de mercados, problemas en la manipulación de alimentos y los horarios en los que se presta el servicio de alimentación.
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“El descontento de los directores de establecimientos frente al servicio de alimentos es preocupante, puesto que sienten que no existe una coordinación efectiva entre la Uspec y el Inpec”, afirmó la Procuraduría tras la reunión celebrada con los directores de los centros 125 carcelarios que se encuentran en el país.
Además, la Procuraduría pidió copia del informe presentado a la Uspec por el Comité de Salud y Alimentación del sistema penitenciario sobre el seguimiento que se le hace al servicio de alimentación en cada establecimiento. Finalmente, le solicitó a la Uspec la lista de los contratistas que prestan el servicio, sus supervisores e interventores, contratos, quejas por mal servicio y los informes de interventoría con las sanciones impuestas hasta el momento.
Finalmente, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, hizo un llamado a los actores del sistema penitenciario para que se mejore la supervisión de los contratos que se celebran con el fin de prestar servicios alimenticios y adoptar las medidas correctivas que establece la ley en caso de que los operadores de los contratos los incumplen.
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