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La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra el alcalde de Nuquí, Rubén Prado Asprilla, y su secretario de Planeación e Infraestructura, Jhordyn Mosquera Mosquera, a raíz de presuntas anomalías en la contratación de la demolición de la antigua Casa de la Cultura. Según información confirmada por la Procuraduría Regional de Chocó, este proceso se realizó bajo la modalidad de mínima cuantía, un mecanismo pensado para facilitar contrataciones ágiles por valores que no superan el 10% del monto autorizado, lo que permite la selección directa de oferentes. Sin embargo, esta modalidad, aunque eficiente en teoría, puede presentar riesgos importantes sobre la transparencia y el adecuado cumplimiento de los contratos si no existe una supervisión adecuada.
De acuerdo con la investigación, el contratista seleccionado solo ejecutó dos de las diez actividades pactadas en el contrato, pero, a pesar de este incumplimiento, se autorizó el pago completo del mismo. Este hecho se considera una posible violación a los principios de transparencia, responsabilidad y eficiencia en la administración de los recursos públicos. Se trata de valores fundamentales para salvaguardar la moralidad administrativa y la confianza ciudadana en quienes conducen los destinos locales, especialmente en lugares marcados por históricas precariedades presupuestales, como es el caso de Nuquí.
En el contexto nacional y regional, tanto reportes del Banco Mundial como investigaciones de Transparencia Internacional han demostrado que la fragilidad en los mecanismos de control en la contratación pública incrementa de manera significativa los riesgos de corrupción, deteriorando la confianza de la ciudadanía y dificultando un desarrollo local equitativo. En escenarios de alta vulnerabilidad social y económica, como el que enfrenta Chocó, el impacto negativo de estas prácticas puede perpetuar el círculo de necesidades insatisfechas y desigualdad.
Frente a esta situación, cobra especial importancia la función de la Procuraduría en Colombia, entidad encargada de garantizar la disciplina y sancionar las faltas cometidas por servidores públicos. Cuando se certifica el cumplimiento de lo no ejecutado, podría configurarse una falta conocida como falsedad ideológica, la cual, según análisis del Instituto Distrital de la Administración Pública, puede acarrear sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución del funcionario involucrado.
El periodismo de investigación ha sido clave para que este tipo de casos lleguen a la opinión pública. Herramientas como la plataforma NINA del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) han demostrado que la tecnología y el trabajo coordinado de medios pueden contribuir a identificar y documentar irregularidades, fortaleciendo la vigilancia ciudadana y el control social sobre la administración municipal.
En definitiva, la investigación disciplinaria que ahora enfrenta la administración de Nuquí representa un llamado de atención sobre la urgencia de robustecer los controles y la transparencia en la gestión pública local. La eficacia de estas acciones dependerá de la contundencia de las sanciones y de la disposición institucional y comunitaria para exigir que los recursos lleguen realmente a quienes más los necesitan, asegurando que la gestión local acompañe la transformación social y el desarrollo sostenible que demandan territorios como Chocó.
¿Qué significa la modalidad de “mínima cuantía” en la contratación pública?
Esta es una figura que permite realizar contratos por montos inferiores al 10% del valor máximo permitido para contrataciones, lo que agiliza los trámites y autoriza la selección directa de proveedores. Sin embargo, según el análisis presentado, esta flexibilidad conlleva un alto riesgo de que se presenten irregularidades si no se asegura una vigilancia estricta del cumplimiento del objeto contractual, especialmente en municipios de baja capacidad administrativa. Comprender la modalidad de mínima cuantía es fundamental para interpretar los alcances y posibles fallos en la ejecución de obras públicas de pequeño presupuesto, como la que se investiga en Nuquí.
¿Por qué es importante la transparencia en la contratación pública local?
La transparencia en la contratación permite que los ciudadanos conozcan cómo se utilizan los recursos que aportan al Estado y facilita la identificación de posibles irregularidades o casos de corrupción. Según estudios del Banco Mundial y organizaciones como Transparencia Internacional, un manejo claro y visible de los contratos públicos es clave para fortalecer la confianza de la comunidad en sus autoridades; en contextos de alta pobreza y desigualdad, como el de Nuquí, la falta de transparencia puede traducirse en improvisación, obras inconclusas y un retroceso en el desarrollo social y económico de la región.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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