Carrillo señaló, citado en un comunicado, que el documento que le ordena al Estado colombiano a indemnizar al hoy senador y reformar la competencia de la entidad no deberá representar escenarios de impunidad en la lucha contra la corrupción.
La Procuraduría deberá enfrentar ajustes normativos con el cuidado de no beneficiar funcionarios de elección popular que han actuado indebidamente. Ahora, el Congreso tiene un año para adelantar esa discusión.
Sentencia de @CorteIDH contra Estado colombiano puede llevar ajustes normativos, pero NO para beneficiar funcionarios de elección popular que han actuado indebidamente. pic.twitter.com/qUMbumcrs2
— Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) August 19, 2020
Carrillo precisó que Colombia debe acogerse al plazo que concede la Corte IDH en el numeral 8 de la sentencia que indica que “el Estado adecuará, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a los plazos establecidos en la presente sentencia”, lo que implica que se deberá presentar a ese tribunal un informe sobre el cumplimiento de esta decisión, y aclaró lo que pasará con las sanciones impuestas:
“Ninguna de las actuaciones frente a funcionarios de elección popular adoptadas hasta la fecha por la Procuraduría queda en un limbo jurídico, puesto que se ha procedido siempre otorgando todas las garantías a los investigados y respetando la jurisprudencia nacional, acatando las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han avalado las competencias disciplinarias de la Procuraduría”.
Carrillo Flórez, próximo a salir del cargo, no descartó solicitar aclaraciones o consultas a la decisión de la Corte IDH que “permitan fortalecer y no debilitar la potestad disciplinaria de la Procuraduría”.
El Procurador indicó que la Corte IDH no ha sugerido “meterle la mano” a la Constitución de 1991, sino ajustar normas disciplinarias, que permitan a la Procuraduría actuar como un ente acusador especializado contra los corruptos, con decisiones que podrían ser controladas automáticamente por una autoridad jurisdiccional como el Consejo de Estado. “Abriremos el debate para analizar qué faltas disciplinarias pueden ser nuevos tipos penales”.
Además, dijo que la decisión de la Corte IDH no puede ser una derrota contra la institucionalidad de la justicia disciplinaria, sino el inicio de un debate sobre los instrumentos más eficaces para continuar la batalla contra estructuras corruptas cada vez más organizadas, que hoy son el mayor motor de violación de los derechos humanos en Colombia.
La sentencia reconoce en el Consejo de Estado el ejercicio de un control adecuado y oportuno a la legalidad y advierte que no resulta procedente ordenar medidas legislativas respecto del procedimiento general previsto en el Código Disciplinario Único, ni modificar la acción de nulidad y restablecimiento. “No existen elementos para concluir la existencia de un problema de carácter estructural que amerite la modificación de dicho procedimiento”, precisó el tribunal.
“Como legado dejaremos una entidad fortalecida y una propuesta que endurezca las sanciones contra los corruptos”, puntualizó el Procurador, al referirse a la decisión que benefició a Petro.
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