El litigante argumenta, según W Radio, que por la decisión del Gobierno de suspender los servicios judiciales por cuenta de la pandemia no ha podido ejercer sus labores, y asegura que esta situación afecta gravemente a su esposa y a sus cuatro hijos, que están estudiando.

Es por eso que Oñate se queja de que, a pesar de la crisis, tampoco ha recibido un mercado o ayuda económica de parte del Estado, aunque la emisora explica que la esposa del denunciante también es abogada.

Pero si la queja del profesional generó cuestionamientos, debido a la posición en la que está frente a otros colombianos que tampoco han recibido ayuda ni pueden trabajar, la respuesta de Presidencia levantó críticas en redes, pues se asegura que el abogado no expuso las razones por las cuales se encuentra en un riesgo mayor al de otros afectados.

“Se sugiere una irregularidad frente a la condición expuesta por el accionante y su familia, pues la entidad señala que no comprende que una familia pase a ser pobre en tan sólo 20 días, pasando a ser un grupo de personas vulnerables o con pobreza extrema”, se dice en el fallo de tutela, según recoge la frecuencia.

De todas formas, La W dice que la juez Lucelly Rocío Munar protegió los derechos de Oñate, ordenó que la Presidencia verifique las condiciones en las que se encuentra el ciudadano y que, de ser necesario, le brinde ayuda. No obstante, el abogado pide que lo contraten junto con su esposa mientras dure la crisis, o que le hagan llegar algún apoyo económico.

El abogado Oñate es reconocido en el país por los varios casos mediáticos que ha trabajado y, sobre todo, porque instauró una tutela en 2016 con la que buscaba “acabar con el proceso de paz”, según registró en su momento RCN Radio.

Lo que el profesional pretendía, de acuerdo con la emisora, era que se suspendieran “los efectos jurídicos de todos los actos administrativos que hayan nacido a la vida jurídica sobre el proceso de paz”, pero el Tribunal de Cundinamarca negó la tutela al considerar que no se estaba afectando el derecho al debido proceso y que las evaluaciones que hacía el denunciante “eran bastantes infundadas”.