Aumenta la preocupación en distintos sectores por el estancamiento de denuncias y procesos judiciales, especialmente debido a decisiones controversiales de la Fiscalía General.
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De esta manera, el sistema judicial se enfrenta a una encrucijada. Según información publicada por Semana, se cuestiona la eficiencia y la equidad con la que se procesan a figuras relacionadas con el gobierno actual.
Esta situación, de acuerdo con la revista, activó las alarmas ante una posible operación de impunidad que podría beneficiar a funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro.
La justicia colombiana atraviesa un momento crítico. Se señala una percepción extendida de impunidad en casos relacionados con corrupción y con actores del poder político.
En medio del debate sobre reformas al sistema penal, también se evidencian obstáculos estructurales, como la falta de independencia judicial, lo que complica el avance de investigaciones contra funcionarios de alto nivel, según la revista.
Semana advierte que el archivo o suspensión de investigaciones puede interpretarse como parte de un patrón que debilita el sistema judicial. Esta percepción daña la credibilidad institucional y refuerza la idea de que el aparato judicial actúa como instrumento de protección para quienes ocupan cargos en el poder.
El contexto se agrava con la persistente violencia contra líderes sociales y la falta de justicia en esos casos. Así lo advirtió un analista político en diálogo con un medio nacional, al afirmar que la preocupación no solo está relacionada con funcionarios del gobierno, sino también con la impunidad generalizada que rodea crímenes de alto impacto social.
Polémico decreto de la Fiscalía que favorecería al Gobierno Petro
El origen del conflicto es la Resolución 0101, firmada por el delegado contra la criminalidad organizada, Raúl Humberto González. Esta norma faculta a la fiscal general para ordenar el traslado de funcionarios encargados de casos sensibles —como los contra la exjefa de gabinete Laura Sarabia, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, el ministro del Interior Armando Benedetti, entre otros funcionarios y exfuncionarios investigados, según el citado medio.
Un correo interno solicitado a los fiscales les pide que alisten las carpetas de sus expedientes, pues las investigaciones serán repartidas entre despachos regionales de forma “automática y aleatoria”. Esto preocupa porque muchos de esos procesos estaban cerca de decisiones clave: ahora corren riesgo de quedar sepultados en prescripciones y vencimientos de términos.
“En las reuniones, el director dice que en la Fiscalía están preparados para las tutelas que se presenten por cuenta de los traslados de los funcionarios, que todo está cuadrado para asegurar la reorganización y mover un importante número de fiscales a las regiones”, recogió la revista.
Testimonios recogidos por la revista indiciarán que esta decisión representa un ataque a la independencia judicial. Al desplazar a quienes conocen los casos en profundidad, el sistema corre el peligro de fragmentarse y perder su capacidad de acción, favoreciendo la impunidad.
“Trasladar a los fiscales y reasignar las carpetas atenta contra los pilares que la misma fiscal Camargo prometió construir al inicio de su administración, como que un fiscal asuma los expedientes en todas las etapas del proceso. Ahora nadie se atreve a tomar decisiones”, agregó el medio.
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