El primero lo hizo el pasado 4 de diciembre cuando dijo que los jóvenes detenidos durante movilizaciones y que pertenecían a las llamadas ‘primeras líneas’ serán liberados antes de Navidad y declarados gestores de paz. El segundo lo hizo el 14 de diciembre cuando afirmó que 100.000 jóvenes se convertirán en gestores de convivencia en las zonas más pobres del país y recibirán un pago mensual de un millón de pesos por esa labor.
Petro se refería en ese anuncio al programa Jóvenes Gestores para la Vida, parte del Ministerio del Interior y que está incluido en un nuevo sistema que se va a crear y que está en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo bajo el nombre de Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.
De inmediato, las redes sociales, medios de comunicación e incluso la oposición vincularon ambas propuestas indicando que los jóvenes de primeras líneas también recibirían ese pago. Pero la realidad es que las figuras jurídicas que se emplearán en cada caso en el marco de la denominada “Paz total” son diferentes: los gestores de paz, los voceros de paz y los gestores de convivencia ciudadana, todos tienen condicionantes distintos y roles diferentes, por lo que es preciso explicar de qué se trata.
Gestores de paz
La figura de los gestores de paz, que existe a partir de la Ley 418 de 1997, fue creada para designar a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que estando en la cárcel son liberadas para que presten sus buenos oficios en tareas varias que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo al que pertenecen.
Esta figura está incluida actualmente en la ley de orden público y uno de quienes más la empleó en su momento fue Álvaro Uribe durante sus dos períodos presidenciales, quién la utilizó para otorgarle la libertad a guerrilleros presos como Rodrigo Granda o Nellys Mosquera ‘Karina’, con el fin de que cumplieran labores humanitarias y generaran contactos ante posibles acercamientos de paz.
Juan Manuel Santos e Iván Duque también emplearon esta figura dándole la libertad a Juan Carlos Cuellar (cuyo nombre de pila es Gilberto Astudillo Victoria), un guerrillero del Eln que ha jugado un papel clave en los diálogos y acercamientos con esa guerrilla iniciados desde 2016, durante el gobierno de Santos. De hecho, Cuellar está ahora mismo con ese papel de gestor de paz en la mesa de negociaciones con el Eln.
La más reciente designación en las gestorías de paz, fue la que hizo el presidente Petro a Violeta Arango Ramírez, una joven de 29 años, acusada de participar en la explosión de un artefacto en el Centro Comercial Andino en junio de 2017. Ella y Cuéllar estuvieron presentes en la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno y el Eln en Caracas.
La figura de gestor de paz puede aplicar a personas que sean miembros de grupos armados, por ello los activistas civiles que pertenecen a la primera línea no son ni podrían ser gestores de paz.
Voceros de paz
La nueva ley de orden público sancionada por el gobierno incluye una nueva figura denominada “vocero de paz” -parágrafo 1 del artículo 5-, diseñada expresamente para personas “de la sociedad civil”.
Así lo define dicha ley: “Se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos. De igual manera, se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de sometimiento a la justicia”.
(Lea también: Fiscal Barbosa se le paró a Petro y tranquiliza a muchos sobre libertad de ‘primera línea’)
Para reglamentar la manera como serán escogidos estos voceros el Gobierno emitió el Decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022, donde se establece una Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, compuesta por los Ministros de Defensa, Interior y de Justicia, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Son ellos quienes deben evaluar caso por caso quiénes aplicarían a la figura de voceros de paz y la decisión final la toma el presidente.
Es en esta categoría en donde entrarían los miembros detenidos de la llamada ‘primera línea’, quienes recobrarían su libertad, pero como Petro se refirió a ellos como “gestores de paz” y no como voceros de paz, eso generó la confusión.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aclaró que ello no supone bajo ningún motivo un indulto o fin del proceso que deberán afrontar presentándose a los juicios y demás diligencias. Tampoco es cierto que todos los capturados vayan a salir libres pues, explicó Velásquez a los medios, eso depende de la situación jurídica de cada caso, que se evaluará individualmente. Además, el decreto nunca habla de pago por esta labor.
Gestores de convivencia
Esta figura fue la que despertó más polémica porque quienes la ejerzan son a quienes se les otorgará el pago de 1 millón de pesos que anunció el presidente Petro.
Se trata de personas en barrios populares, zonas rurales que sufrieron el conflicto o lugares con alta conflictividad. Pero esta es una figura diferente a la del gestor de paz – que sólo puede ser ocupada por algún miembro reconocido de un grupo armado – y también es diferente a la nueva figura de vocero de paz – que se aplica para personas civiles privadas de la libertad -.
Los gestores de convivencia se han utilizado antes en varias ciudades, como lo hizo el propio Petro cuando fue alcalde de Bogotá, y más recientemente durante la administración del empresario Mauricio Armitage en Cali, que tuvo la promoción de estos gestores como uno de sus programas más exitosos.
El programa que impulsará el gobierno de Gustavo Petro empezará en enero de 2023 y se llamará “Jóvenes Gestores para la Vida”, será liderado por el Ministerio del Interior y sus recursos saldrán del dinero recaudado por la reforma tributaria.
(Vea también: ¿Qué pasará con policías detenidos por abusos, mientras ‘primeras líneas’ quedan libres?)
Estos gestores de convivencia son jóvenes y personas de las mismas comunidades, con frecuencia tienen o han tenido alguna relación con grupos criminales, bandas, organizaciones armadas y otros factores generadores de violencia, que son contratados por el Estado a través de un programa para que realicen actividades de convivencia y promoción de la resolución pacífica de conflictos dentro de sus comunidades y entornos. La esencia central del asunto es que el Estado capte formalmente a esta población para que no sea empleada por las redes criminales que generan violencia y en su lugar los convierta en generadores de paz.
Así lo explicó quien fuera la cabeza de dicho programa durante la alcaldía de Mauricio Armitage en Cali, su secretaria de paz Rocío Gutiérrez Cely durante una entrevista con Colombia+20:
“Nosotros trabajábamos con tres tipos de población: excombatientes de las Farc, víctimas del conflicto armado y expandilleros o pandilleros en proceso de resocialización. Entonces, las personas ingresaban al programa a recibir formación en habilidades blandas pero también en habilidades duras como diferentes programas técnicos y tecnológicos, capacitación en emprendimiento, liderazgo, artísticos: teníamos una oferta amplia para que eligieran qué querían aprender. Ellos pasaban la mitad del día en estos programas de formación adquiriendo herramientas y la otra mitad del día la invertían trabajando en pro de la ciudad: estaban como gestores de la estación del MIO, trabajaban en materia de medioambiente, movilidad, seguridad, acompañamiento de espacios públicos y por esa labor recibían un apoyo económico”.
El gobierno confirmó esta semana que los primeros 1.500 gestores del programa Jóvenes Gestores para la Vida serán jóvenes del Catatumbo, una región particularmente afectada por la guerra. El pago sigue aún siendo una promesa porque hasta ahora no se ha emitido ningún decreto que lo reglamente ni tampoco se ha dicho de dónde saldrá el dinero para sustentar el programa.
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