Y es que gran polémica ha suscitado la intención del Gobierno de dejar en libertad a los civiles presos por desmanes durante las manifestaciones recientes, generalmente asociados con lo que se denomina la ‘primera línea’. No solo porque recibirían además un subsidio de un millón de pesos, sino porque algunos incluso podrían ya estar condenados por delitos cometidos durante esas protestas y aun así se pensaba otorgarles el indulto.
El decreto ya se firmó, y aunque todavía es posible que los sentenciados obtengan el beneficio de la libertad, la charla entre Francisco Barbosa y el presidente Petro tenía como objeto aclarar el marco legal que debe respetar esa iniciativa.
(Lea después: ¿Qué pasará con policías detenidos por abusos, mientras ‘primeras líneas’ quedan libres?)
Así lo dejó en claro el fiscal general, quien a su salida de la Casa de Nariño explicó que se trató de un diálogo cordial en el que se aclaró el procedimiento de aplicación del decreto 2422, pero sobre todo la parte en la que podría entrar en conflicto con la Justicia, tal como lo reseña El Tiempo.
“Se nos confirmó que va a haber unas decisiones que se van a tomar por parte del Gobierno, cuya última palabra serán los jueces frente a las personas que se encuentran privadas de la libertad”, dijo Barbosa, confirmando que las decisiones del Ejecutivo tendrán que ser avaladas por un juez de ejecución de penas.
En particular se trató de aquellos supuestos miembros de la ‘primera línea’ condenados por el delito de tortura, como el de un sujeto conocido con el alias de ’19’, de acuerdo con el rotativo.
Barbosa también habría sido claro al decir que las detenciones de personas durante los desmanes del paro nacional estuvieron lejos de ser injustas, como ha sugerido el jefe de Estado, y que prueba de ello es la forma como la justicia ha procedido en cada caso.
Aunque la orden ya se firmó, todavía está por verse cómo será el procedimiento en concreto y quiénes serán los beneficiados finales del indulto.
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