Cuando el presidente Gustavo Petro anunció que los jóvenes que estaban presos por participar en las jornadas de protesta que sacudieron al país con graves hechos vandálicos quedarían en libertad para pasar la Navidad en sus casas, los colombianos se estremecieron. La institucionalidad representada en la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia han manifestado la inviabilidad de esa idea, y vecinos del Portal de las Américas, en Bogotá, víctimas de esas jornadas, anunciaron una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar la iniciativa.
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En principio, se creyó que todos los implicados en los desórdenes saldrían de las cárceles, pero la atención recayó sobre la denominada ‘primera línea’ y quienes cometieron graves delitos, algunos de los cuales incluso ya fueron condenados. Ese es el caso de Sergio Andrés Pastor González, alias ‘19’, a quien, junto con otras cuatro personas, se le halló responsable de tortura y concierto para delinquir. Fue condenado a 14 años de prisión.
Alias ‘19’ se ha convertido en el epítome de la situación, y es puesto de ejemplo con frecuencia por quienes se oponen radicalmente a la idea de excarcelar a los integrantes de la ‘primera línea’ para convertirlos en gestores de paz. Pese a que el Ministerio de Justicia dio a conocer los nombres de los primeros jóvenes que se beneficiarán con la medida y aclaró que se trata de personas que no tienen imputaciones por delitos de lesa humanidad, sexuales, homicidios o tortura, y de aclarar que los condenados no serán parte del proyecto, persiste la idea entre los colombianos de que todos quedarán en libertad.
Por eso, el presidente Gustavo Petro se refirió de manera puntual al caso de alias ‘19’ para seguir aclarando cuál es el sentido y el fin de su propósito. “Nosotros no vamos a sacar a gente condenada de la cárcel”, le respondió el mandatario a Semana, ante el hecho de que hay nueve condenados de la ‘primera línea’ por delitos graves como alias ‘19’ y ante una pregunta concreta: “¿Ese señor va a salir de la cárcel?”.
También habló en el mismo medio de otro caso delicado, como el de quienes aún no están condenados, pero enfrentan, presos, cargos graves, sindicados de asesinar al capitán Jesús Alberto Solano: “No. Eso no tiene que ver con el conflicto social. Ese es otro tema”. Y aclaró: “Lo que pasa es que la propuesta hizo pensar que nosotros íbamos a meternos en el proceso judicial y a sacar gente de la cárcel rompiendo los procesos judiciales. Para nada”.
“Vamos a pensar en personas sindicadas. Ojo: sindicadas; no están condenadas. […] Nosotros no vamos a afectar eso desde ningún punto de vista”, subrayó Petro en la revista. “El juez, si va a requerir al joven [que sea excarcelado para convertirse en gestor de paz], pues que lo requiera. Lo que pasa es que el joven va a hacer un acuerdo con el Gobierno para realizar unos trabajos específicos con unas condiciones. Mientras tanto, el proceso sigue, nosotros no lo suspendemos”.
Advirtió, eso sí, que, si cuando un joven de la ‘primera línea‘ esté haciendo ese trabajo de paz y llegue a ser condenado en el marco de su proceso, “va para la cárcel si es la decisión del juez”. Petro hizo también la salvedad de que “podría haber condena con prisión domiciliaria, como les pasa a los grandes corruptos de Colombia, pero no les pasa a los jóvenes. Fíjese qué diferencia”.
“Puede suceder que haya una negociación judicial en la que participa el juez, que es el principio de oportunidad. Fue lo que hablamos con el fiscal. Entonces, con el principio de oportunidad, a pesar de que existan las evidencias en un proceso, se permite cortarlo porque se le otorga ese beneficio al joven. ¿Por qué? ¿Por qué en la sociedad colombiana es mejor que la gente vaya a la cárcel a que tenga oportunidades? Esa es una sociedad mejor”, explicó el mandatario en Semana.
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