La emisora cita fuentes cercanas a la investigación para decir que ya “se está revisando la información obtenida en dichas grabaciones”.
A partir de los hallazgos, indica, las autoridades tomarán decisiones penales y disciplinarias “pronto” contra los involucrados, que ya están en la mira de la Contraloría por sobrecostos en contratos para adquirir alimentos destinados a la población más vulnerable, en donde los principales responsables son alcaldes y gobernadores que atienden la emergencia por cuenta del COVID-19.
En detalle, la frecuencia dice que a la fecha van “29 iniciativas operacionales” en las que se indaga por contratos que suman más de 67.000 millones de pesos.
Y es que la Contraloría expuso en un informe, del pasado 15 de abril, que en lo poco que ha podido indagar halló “presuntos sobrecostos en kits de ayuda alimentaria”, en contratos que se firmaron en tres gobernaciones: Arauca, Guaviare y Valle del Cauca.
Además, el organismo encontró que productos que se repartieron en los mercados que fueron comprados a precios “exagerados”, y que hasta el momento los involucrados no han podido justificar esos costos.
De hecho, la emisora ya había dado a conocer un listado de productos en donde el fríjol, la lenteja, el aceite y la pasta presentan los costos con más diferencias.
Pero la Contraloría también dice que hay irregularidades en contratos destinados a la prestación de servicios logísticos en medio de la pandemia, como el que se firmó en la población de Puerto Escondido, en Córdoba, en donde tres profesionales de la salud “cobraron buena parte del valor del contrato, aunque solo trabajaron dos días”.
Es por eso, y por algunas cosas que están en indagación, que la Policía judicial recibió la autorización de interceptar varias líneas telefónicas.
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