Un juez de garantías dictó medida de aseguramiento en contra de Yónder Alexánder Ramírez Lobo, Jhonnys Jhojandry Veliz Vargas, Víctor Leonel Vergara Cisneros y Carlos Alejandro Hinestroza Vargas.
Según la Fiscalía, a los procesados se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, varios proyectiles de munición para armas de fuego, un proveedor, dos motocicletas y cinco celulares de varias marcas.
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El ente acusador precisó que un ciudadano dio “a conocer una denuncia que daba cuenta de que en un inmueble ubicado en el barrio El Triángulo de Puerto Carreño, donde, al parecer, se almacenaban armas, equipos de comunicación y vehículos que, presuntamente eran utilizados para cometer delitos tales como homicidios y ajuste de cuentas entre grupos al margen de la ley”.
En las audiencias concentradas que se llevaron a cabo durante varios días en la capital del Vichada, ante el juez segundo promiscuo municipal con funciones de control de garantías, la Fiscalía los imputó por los delitos de porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares en concurso con porte ilegal de armas, cargos que no aceptaron, no obstante, el juez acogió la solicitud del ente acusador y legalizó las diligencias de allanamientos, la incautación de los elementos materiales probatorios, las capturas de estas cuatro personas, y les dictó medida de aseguramiento, consistente en reclusión carcelaria.
Las autoridades ya habían realizado otro procedimiento en el marco de la misma lucha contra las organizaciones delincuenciales.
El pasado 11 de mayo fueron capturados en flagrancia Duvier Arley Rincón Vera y Éferson Ferney González Aguirre, durante un operativo de allanamiento de un inmueble ubicado en el barrio Mateo de la capital vichadense.
Al interior del inmueble, fueron encontradas una pistola 9mm con proveedor, un revólver calibre 38, 25 cartuchos, un proveedor, varios cartuchos 9mm, dos motocicletas, cinco celulares, y tres simcard de diferentes operadores.
La Fiscalía los llevó ante el juez con funciones de control de garantías, quien determinó que todo el procedimiento era legal y en consecuencia aceptó las tesis del ente acusador, por lo que legalizó todos los procedimientos, y determinó dictar medida intramuros en contra de Rincón Vera y González Aguirre, como presuntos responsables del delito de porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares en concurso con porte ilegal de armas.
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