Ad portas de cumplirse dos décadas de impunidad en este homicidio que estremeció al país, el abogado Sebastián Escobar presentó la solicitud ante el juez séptimo especializado de Bogotá por considerar que el crimen “hizo parte de un plan sistemático orquestado por agentes del Estado y grupos armados ilegales en contra de los defensores de Derechos Humanos y los periodistas”, citó W Radio.
El jurista agregó que el atentado dirigido contra el humorista por el impacto que tenía su labor en la sociedad y que esa actividad molestaba a políticos y miembros del Ejército que tenían una “alianza criminal” con grupos paramilitares.
Escobar asegura también que no fue un hecho aislado porque en los meses previos a la muerte de Garzón, en agosto de 1999, ya se habían registrado otros ataques contra dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y periodistas.
“Ocurrió en un contexto de persecución que abogaban por una solución negociada al conflicto y el acercamiento a los grupos armados para conseguir unos fines humanitarios, como la liberación de secuestrados”, argumentó el jurista, citado por RCN Radio.
Cabe recordar que en 2016 la Fiscalía ya había declarado este asesinato como crimen de lesa humanidad porque, en ese momento, consideró:
“El homicidio del periodista no se produjo porque tuviera enemigos personales ni producto de una acción espontánea de un justiciero del Estado o paramilitar, sino porque fue considerado en los informes de inteligencia del Ejército como una persona que, por sus labores humanitarias a favor de la paz con los grupos insurgentes estaría favoreciendo dichos grupos; hablándose primero de judicializarlo, pero luego decidiendo su ejecución extrajudicial”.
Sin embargo, en agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito reversó esa decisión y consideró que este caso no cumple con las reglas que establece el Estatuto de Roma porque, según el juez, no está probado que el crimen haga parte de un ataque generalizado y sistemático.
Esa decisión se tomó en medio de la condena a 30 años al exsubdirector del liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) José Miguel Narváez.
Por otro lado, el nuevo pedido de la defensa de la familia se hizo en el marco del juicio del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Garzón, pues según la Fiscalía, él ordenó seguir al periodista y entregó un informe detallado de los movimientos y recorridos del periodista a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) liderados por Carlos Castaño.
Entre las pruebas del ente acusador está un croquis hecho a mano donde se detallaba cada movimiento de Garzón, indicó Noticias Caracol.
Plazas Acevedo fue acusado formalmente por la Fiscalía por el delito de homicidio agravado. El proceso estaba quieto desde mayo pasado cuando el oficial retirado pidió que su caso lo evaluara la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y firmó un acta de compromiso ante esa jurisdicción el pasado 2 de agosto.
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