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El presidente Gustavo Petro se sumó este lunes a la ola de reacciones políticas tras la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez. A través de su cuenta de X, el mandatario acusó a la entidad guatemalteca de estar al servicio del crimen y la comparó con la Fiscalía de Francisco Barbosa.
(Vea también: Se desató ola de reacciones por orden de captura contra Velásquez y Camargo)
“La Fiscalía de Guatemala, como la Fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la Fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías”, escribió Petro.
En su trino, el presidente compartió un comunicado del gobierno de Guatemala en el que rechaza las acciones de la Fiscalía de ese mismo país.
Según el mandatario, hay un intento de las “multinacionales del narcotráfico” por cooptar los sistemas judiciales y los gobiernos para operar con impunidad.
La fiscalía de Guatemala cono la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías.
Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos… https://t.co/rl9lGlaQBJ
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2025
En su publicación, el presidente también aseguró que los crímenes cometidos por esas mafias “contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad” y deben ser llevados ante la justicia penal internacional “a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer”.
Por eso, hizo un llamado a conformar un equipo jurídico que redacte una primera causa penal contra esas estructuras: “Invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional”.
A través de la Cancillería, el gobierno de Petro ya había rechazado la medida de las autoridades guatemaltecas y la calificó como una “acción que carece de sustento jurídico” y que “vulnera derechos humanos fundamentales”.
Hasta el momento, la Interpol no ha emitido una circular roja contra los funcionarios.
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