Otro duro golpe recibe el Gobierno Nacional a nivel internacional, luego de que desde el mencionado territorio centroamericano se ordenara la captura de Iván Velásquez, embajador de Colombia en el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, Fiscal General, señalados de corrupción.
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Según informó El Tiempo, los dos son exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad en la que se habrían presentado las irregularidades durante su paso.
El medio citado señaló puntualmente que desde Guatemala se pidió la “activación de la alerta roja internacional por parte de la Interpol por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, y obstrucción de justicia y colusión”.
Esa supuesta acción ilegal tendría a los dos funcionarios como señalados de corrupción por el caso Odebrecht. Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, informó que este lunes 2 de junio también se decretó desde Guatemala la rebeldía y orden de captura contra Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general de Guatemala, y Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del Ministerio Público, según la mencionada casa periodística colombiana.
La Justicia de esa nación centroamericana puntualizó que “la estructura criminal, encabezada por el excomisionado de la CICIGn Iván Velásquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 13 mil millones”.
En el listado de señalados también aparecen Juan Pablo Carrasco de Groot, expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Estadounidense (AmCham); Luis David Gaitán Arana, exmandatario de la Cicig, y los exfiscales de la Feci, Rudy Manolo Herrera Lemus y Ami Mayra Lissed Girón Rodas.
“Dichas personas pueden ser aprehendidas en cualquier país”, señaló un comunicado del Ministerio Público de Guatemala.
En el año 2023, el Ministerio Público de Guatemala anunció que iniciaría acciones legales contra Iván Velásquez, exministro de Defensa de Colombia, por su labor al frente de la Cicig entre 2013 y 2017, en la que dicen que permitió acuerdos anómalos con dos directivos de la polémica constructora Odebrecht.
Del mismo modo, se tomó una medida similar contra la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien había trabajado investigando redes de corrupción en ese país.
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