Para empezar, el Código Penal Colombiano estableció –desde las elecciones de 2018– 16 conductas punibles que son consideradas fraude electoral y que establecen penas desde los 4 hasta los 16 años; es decir, ninguna es excarcelable.

Para la compra de votos, por ejemplo, se fijaron penas de 4 a 9 años de prisión y una multa de entre 400 y 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

No obstante, en la Corte Constitucional cursa una demanda con la que un ciudadano busca tumbar los artículos 389 y 390 de la Ley 1864 del 2017 que castigan dos delitos electorales y establecen sanciones iguales para quienes venden su voto o inscriben su cédula en un lugar distinto al que viven (trashumancia electoral).

Según el demandante, citado por El Tiempo, quienes venden el voto son víctimas de poderosas organizaciones criminales y no tienen el mismo grado de participación en los delitos:

“Más que un delincuente, es un individuo instrumentalizado por las redes clientelares de compra de votos. Redes que se aprovechan de su condición de vulnerabilidad caracterizada por analfabetismo o muy bajos niveles de educación, vida en condiciones de pobreza o miseria y, en consecuencia, casi una nula conciencia política”.

Pese a eso, y tras el sonado caso de la prófuga excongresista Aída Merlano, condenada por este tipo de delitos, el Gobierno –en voz de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez– insistió en que “quien trate de comprar los votos y hacer trashumancia electoral, tiene que responder en la cárcel” para “acabar de raíz con los delitos electorales en Colombia”.

Mientras que el presidente, Iván Duque, durante la firma del ‘Pacto Ético por la Información’ que hicieron todos los partidos políticos del país, en la Universidad Javeriana de Bogotá, enfatizó:

“Colombia necesita que haya sanciones ejemplarizantes a quienes apelan a la compra de votos o a la intimidación del elector o a la trashumancia o a cualquier tipo de manipulación. De la misma manera, necesitamos sancionar, cada vez con mayor drasticidad, el contubernio entre la corrupción y el crimen organizado con la política”.

¿Cómo funciona la compra y venta de votos?

Son varias las formas con las que las estructuras criminales logran que las personas voten por el o los candidatos que quieren tener en el poder para controlar desde allí todo tipo de actos de corrupción.

El pasado 20 de septiembre, el excongresista David Char le relató a la Justicia Especial para la Paz (JEP) cómo funcionó la compra de votos del paramilitarismo en el Atlántico:

“Las tres modalidades que yo conozco eran: una, a través de materiales de construcción que se cambiaban por el voto. La compra en efectivo del voto [la mitad antes y la mitad después] y otro que lo llaman el ‘carrusel de la votación’ [que implicaba hacer pagos a funcionarios de la Registraduría]”.

Y más recientemente, se está manejando la modalidad ‘TLC’, que para algunos significa tejas, ladrillos y cemento, que entregan en lugares de bajos recursos para que las personas construyan sus hogares; y para otros se traduce en tamal, lechona y cerveza.

Además, se conoció que para las próximas elecciones regionales “los votos pueden costar entre 30.000 y 200.000 pesos, depende de si se está armando un combo o no. Es decir, si hay varios candidatos por votar; también se tiene en cuenta el transporte de las personas que van a llevar a votar”, explicó la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, en Blu Radio.

Una vez las personas aceptan, les exigen a los ciudadanos que comprueben que efectivamente votaron por un candidato en particular. La MOE le contó a Caracol Radio que hay por lo menos cinco mecanismos para ello:

– Carrusel: obtienen una tarjeta electoral válida para votar.
– Medalla: requiere la complicidad de un jurado de votación que verificará.
– Fotografías: uso de cámaras de celular.
– Testigos: se les facilita ver quién y por quién votan por el rol que desempeñan durante las elecciones.
– Acompañantes: los que asisten a adultos mayores o personas con discapacidad en el cubículo de votación.