El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunciaron la implementación de tarifas diferenciales en cuatro peajes de la Vía al Llano (Boquerón I, Boquerón II, Pipiral y Naranjal) como medida temporal tras el derrumbe ocurrido en el kilómetro 18 a inicios de septiembre de 2025.
Este deslizamiento bloqueó los cuatro carriles y mantiene cerrada la vía, afectando gravemente la movilidad, el abastecimiento hacia los Llanos Orientales y la economía regional.
Las reducciones aplican desde el 2 de octubre de 2025 y por dos meses, o hasta que se habilite la vía de manera segura. Los vehículos de categorías IV a VII (carga pesada) pagarán el 50% de la tarifa, mientras que los de categorías I a III (livianos y particulares) tendrán un descuento del 30%.
La decisión se tomó tras diálogos entre el Gobierno, transportadores, manifestantes y comunidades de Chipaque, Cáqueza y Guayabetal, en medio de protestas por los altos costos y el impacto del cierre.
El deslizamiento fue causado por las intensas lluvias que saturaron el terreno, generando pérdidas económicas estimadas en más de 45.000 millones de pesos diarios.
Solo el sector transportador de carga calcula pérdidas entre 5.000 y 6.300 millones diarios debido al uso de rutas alternas más largas y con restricciones. Mientras avanzan las labores de remoción, el cierre se mantendrá indefinidamente hasta garantizar la seguridad geotécnica de la zona.
Por qué los peajes suben de precio en Colombia constantemente
En Colombia los peajes suben de precio principalmente porque sus tarifas están ligadas a la inflación. Cada año, el Ministerio de Transporte aplica un ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que significa que, si el costo de vida aumenta, también lo hace el valor de los peajes.
Esto busca que el dinero recaudado no pierda valor con el tiempo y se mantenga la capacidad de financiar la infraestructura vial. A esto se suma que en años anteriores, especialmente en 2023, el Gobierno decidió congelar los precios de muchos peajes para mitigar el impacto inflacionario en los ciudadanos.
Esa decisión generó un déficit en los ingresos de las concesiones, por lo que en los años siguientes se implementaron aumentos escalonados para “recuperar” lo que no se cobró en su momento. Otra razón clave está en los altos costos de mantenimiento y operación de las carreteras.
El recaudo de los peajes no solo financia nuevas obras, sino también reparaciones, señalización, seguridad, servicios de grúas y personal que vigila las vías.
Cuando suben los insumos, como el asfalto, los combustibles o la mano de obra, esas alzas se trasladan inevitablemente a las tarifas. Además, gran parte de la red vial del país está bajo concesiones privadas o mixtas, y los contratos firmados incluyen cláusulas de reajuste automático que obligan a aplicar incrementos anuales.
En algunos casos, incluso cuando el recaudo es alto, la inversión efectiva en esas vías no corresponde a lo pagado, lo que genera desbalance y críticas ciudadanas. Sin embargo, el argumento oficial es que subir los peajes es necesario para garantizar recursos estables que permitan mantener y ampliar la infraestructura vial del país.
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