El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La reciente designación de Paula Andrea Cerón Arboleda como viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional marca un punto de inflexión en la política migratoria de Colombia. Esta estructura administrativa es fruto de una transformación impulsada en los últimos meses, al igual que la creación del propio viceministerio, y atribuye a Cerón la supervisión de las direcciones responsables de la expedición de pasaportes, una función vital para miles de ciudadanos y migrantes. La noticia, confirmada por la Cancillería de Colombia y difundida en medios como El Espectador, ha provocado tanto expectativas como inquietudes entre los diversos actores del sector público.
Uno de los focos de preocupación, manifestado por sindicatos y asociaciones como la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), se centra en los llamados “riesgos jurídicos” relacionados con la designación de Cerón. Según Asodiplo, la Cancillería no realizó oportunamente las consultas con las organizaciones gremiales previas a la publicación del nuevo manual de funciones, un paso considerado esencial en la administración pública. Si bien estos gremios reconocen la necesidad y valor de la nueva dependencia, calificándola de “esencial”, advierten que estas omisiones podrían dificultar la entrada en funcionamiento efectiva del viceministerio.
El perfil profesional de Paula Andrea Cerón evidencia una preparación sólida. Ella es abogada y administradora de empresas, con especialización en derecho constitucional y derecho administrativo, y posee una maestría en Gestión Pública. Desde su cargo, liderará dos direcciones claves: la de Política, Asuntos Migratorios y Protección Internacional, y la de Servicios Consulares, Vinculación de la Diáspora y Retorno. Es en esta última donde recae la responsabilidad directiva y coordinadora sobre todo el proceso de expedición de pasaportes.
De acuerdo con el artículo 4 del decreto 1081 del 15 de octubre de 2025, la dirección mencionada deberá no solo coordinar la expedición de pasaportes comunes, sino también otorgar pasaportes diplomáticos y oficiales, e instruir y supervisar a las entidades designadas para tales procesos –atribuciones alineadas con los convenios suscritos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los desafíos que espera Cerón no se limitan a la gestión documental. Entre sus funciones se encuentran liderar la política de gestión consular y migratoria del Estado colombiano, definir los requisitos de ingreso y permanencia de extranjeros y establecer las condiciones para el otorgamiento de visas. Este nombramiento se da en un contexto de cambios institucionales cruciales, ya que la viceministra pasa a integrar el equipo liderado por la canciller Rosa Villavicencio, junto a otros viceministerios como el de Relaciones Exteriores y Asuntos Multilaterales.
La llegada de Cerón coincide con la implementación de un nuevo esquema de expedición de pasaportes, cuyo lanzamiento está programado para el 1 de abril. Esta transición precederá al cierre del contrato de urgencia manifiesta con la empresa Thomas Greg & Sons, lo que convierte su labor en una pieza clave para garantizar la continuidad y legalidad en el acceso a documentos de viaje para colombianos en el exterior y dentro del país.
¿Por qué la consulta previa con organizaciones gremiales es considerada fundamental en el proceso de nombramiento de cargos como el de viceministro?
La consulta previa con organizaciones gremiales es un aspecto crítico en el nombramiento de altos funcionarios públicos, pues garantiza transparencia, legalidad y legitimidad en la designación. Para el caso del nuevo viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, actores como la Asociación Diplomática y Consular de Colombia insisten en su importancia, señalando que la omisión de esta etapa puede derivar en cuestionamientos jurídicos y administrativos para la institución.
Este procedimiento permite que los trabajadores y sus asociaciones sean informados y participen en la definición de funciones y perfiles, promoviendo la protección de derechos laborales y la adecuada operación de las nuevas dependencias. Al adherirse a estas prácticas, la Cancillería se alinea con principios de gobernanza participativa y reduce riesgos de impugnaciones legales o inconformidades gremiales que, como en este caso, podrían entorpecer la operatividad de un área fundamental para la política migratoria del país.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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