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En las últimas semanas, la escena política del departamento del Cesar, en Colombia, ha estado marcada por la definición de los candidatos del Partido Conservador para la Cámara de Representantes en las elecciones de 2026. Según lo indicó el medio EL PILÓN, durante la reunión celebrada en Aguachica, la figura de Víctor Roqueme, apodado ‘El Indio’, se perfilaba como el principal aspirante a ocupar la segunda curul en la lista encabezada por Ape Cuello. Sin embargo, su aspiración está condicionada por un obstáculo jurídico relevante: el artículo 179 de la Constitución Política de Colombia. Esta norma establece la inhabilidad para postularse a cargos de elección popular a quienes tengan parentesco en tercer grado de consanguinidad con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política dentro de la misma circunscripción electoral. En este caso, la situación es clara: Roqueme es tío en tercer grado de Greisy Roqueme, actual alcaldesa de Aguachica, razón por la cual se encuentra impedido legalmente para postularse mientras su sobrina ostente este cargo.
Este impedimento responde a un principio de salvaguarda democrática. Su finalidad es evitar conflictos de intereses y que el poder político local quede concentrado en manos de familias, favoreciendo la transparencia y la imparcialidad en la representación política. La prohibición de que parientes cercanos ejerzan cargos de elección en la misma zona electoral apunta a reducir los riesgos de nepotismo, práctica que, según análisis del Consejo Nacional Electoral de Colombia, ha favorecido históricamente la consolidación de redes familiares en los niveles de poder regional, situación que repercute negativamente en la pluralidad democrática y la confianza ciudadana.
El tema trasciende la coyuntura local de Aguachica y adquiere relevancia nacional. Como documenta la Revista de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, la persistencia de dinastías políticas y el control familiar de escaños legislativos han representado desafíos repetidos para la calidad de la democracia en Colombia y América Latina. Además, organizaciones como Transparencia Internacional han alertado sobre el impacto pernicioso que conllevan las estructuras familiares dentro de la política, puesto que limitan la renovación de liderazgos y distorsionan la competencia electoral al privilegiar los lazos familiares sobre el mérito individual.
La aplicación del artículo 179 ha sido objeto de constantes debates y revisiones en la jurisprudencia colombiana. Juristas consultados por El Tiempo han recalcado que, aunque el espíritu de la norma apunta a evitar la captura de cargos públicos por grupos familiares, en la práctica los partidos tienden a adaptar sus estrategias para mantener el control de los espacios de poder. Este fenómeno queda ilustrado en la decisión del Partido Conservador de proponer, ante la inhabilidad de Víctor Roqueme, a uno de sus hijos para ocupar el puesto, lo cual muestra la capacidad de las organizaciones políticas para ceñirse formalmente a los requisitos legales pero sin renunciar al influjo familiar.
Los estudios del Observatorio Regional de Participación Ciudadana en Colombia destacan que el departamento del Cesar ha visto durante décadas la reproducción de prácticas políticas fundamentadas en el parentesco, lo que dificulta la emergencia de nuevas voces y propuestas, y perpetúa estilos tradicionales de hacer política. La situación de Víctor Roqueme, más allá de la restricción puntual, invita a reflexionar sobre la efectividad de las normas actuales y la necesidad de eventuales reformas para fortalecer la competencia política y garantizar el acceso equitativo a cargos de elección popular. El desafío consiste en balancear la prevención de prácticas clientelistas sin obstaculizar en exceso la participación ciudadana.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué implica el artículo 179 de la Constitución Política de Colombia para los partidos políticos?
El artículo 179 obliga a los partidos a examinar cuidadosamente la composición de sus listas de candidatos para evitar la inhabilitación por parentesco dentro de la circunscripción electoral. Esta disposición limita las opciones de postulación de miembros de familias con presencia política, forzando a las colectividades a diseñar estrategias que se ajusten al marco legal. Además, refleja el intento del sistema jurídico colombiano de frenar la consolidación de dinastías familiares, aunque en la práctica muchas agrupaciones logran sortear estos impedimentos mediante la candidatura de otros parientes, lo que sugiere el reto que enfrenta la norma en la realidad política colombiana.
La restricción también pone en el centro del debate la efectividad de los controles legales frente a la creatividad de las estrategias partidistas familiares. En contextos donde las redes de parentesco tienen un papel relevante, como en Cesar, el seguimiento y la aplicación estricta de este artículo resultan claves para renovar el liderazgo político y evitar el estancamiento democrático.
¿Qué es el nepotismo y por qué afecta la democracia?
El nepotismo se refiere a la práctica de favorecer a familiares a la hora de conceder cargos públicos o privilegios políticos. En sistemas democráticos, el nepotismo debilita la igualdad de oportunidades y puede fomentar la corrupción, al privilegiar los lazos familiares sobre el mérito y la capacidad individual. Organizaciones como Transparencia Internacional sostienen que el nepotismo erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones y limita la diversidad y competitividad en los procesos electorales.
El caso de Víctor Roqueme ilustra cómo el nepotismo puede afectar los equilibrios de poder en regiones donde las dinastías políticas son predominantes. La presencia constante de una misma familia en cargos públicos restringe la innovación y dificulta la llegada de nuevas visiones, imponiendo obstáculos para el fortalecimiento democrático y la representación incluyente.
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