La investigación por el asesinato de la subteniente María Camila Mora (a manos de su expareja, el capitán Pablo Andrés Masmela), ocurrido dentro del Cantón Norte en Bogotá, avanza con un nuevo enfoque jurídico.
El abogado de la familia de Mora criticó las graves fallas de seguridad en una de las instalaciones militares más protegidas del país. Señaló que el individuo tenía acceso a armas no oficiales dentro de la base, lo que revela omisiones en los protocolos de control.
Durante las inspecciones, el CTI encontró no solo el arma utilizada en el crimen, sino también otras dos en la habitación del capitán Masmela, todas sin documentación legal.
Debido a que la acción penal se extingue con la muerte del responsable (acabó con su propia vida), la defensa orientará el proceso hacia la jurisdicción contencioso-administrativa con el objetivo de establecer la responsabilidad del Estado por permitir el ingreso y manejo de armamento irregular, señala El Tiempo.
El abogado afirma que el Ejército ha admitido posibles errores y ha mostrado disposición para colaborar. La familia busca que la memoria de la subteniente, quien fue la primera mujer en Colombia en pilotar una nave no tripulada, sea honrada.
Los recursos que puedan recibir como indemnización se destinarán a promover un reconocimiento permanente para la mujer militar que lleve su nombre, sentenció ese periódico.
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