El congresista colombiano David Racero está en medio de la polémica tras descubrirse que varios miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), a su cargo, habrían hecho una serie de transferencias bancarias a sus cuentas personales y las de sus familiares, incluyendo pagos para su mercado durante la pandemia. Según se desprende de la información documentada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, entre las operaciones detectadas hubo una suma considerable depositada desde una sucursal en Puerto Carreño, Vichada, ciudad natal de uno de los integrantes de la UTL, Yidis Gahona, según informó el periodista Daniel Coronell en Los Danieles.
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Además de estos movimientos financieros, surgieron a la luz pruebas de que un miembro de la UTL, financiado con recursos del Estado, se desempeñaba en un negocio particular del congresista. “Se encontraron varios depósitos y transferencias desde miembros de la UTL hacia cuentas de David Racero, su hermano Jorge Luis Racero y su padre, Jorge Eliécer Racero”, según reconocieron fuentes de la Corte Suprema de Justicia al citado periodista.
La actual investigación contra Racero inició hace un año pero llama la atención que hasta el momento, el partido político al que pertenece Racero, el Pacto Histórico, no ha tomado ninguna medida disciplinaria al respecto. Este hecho ha producido malestar en la ciudadanía, ya que Racero aspira a un escaño en el Senado en las próximas elecciones, de acuerdo con el comunicador.
Pero estos no son los únicos escándalos que afronta el congresista. Racero también es investigado por el Ministerio del Trabajo por presuntas irregularidades laborales en un negocio de su propiedad, “La Cosecha del Campo”. En este caso, se han documentado condiciones laborales excesivas, jornadas de hasta 13 horas sin prestaciones sociales, durante el corto tiempo que el establecimiento estuvo operativo en 2020, según Coronell.
Además, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación contra Racero por supuestas irregularidades en la contratación pública relacionadas con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Según las acusaciones, el congresista habría intentado influir para que personas de su partido accedieran a cargos públicos específicos, dejando de lado a otros servidores públicos y metiendo a familiares en estas actividades.
En conclusión, el legislador David Racero se encuentra en el ojo del huracán en medio de tres acusaciones importantes: irregularidades financieras, malas prácticas laborales y manipulación en contratos públicos. Todo este cúmulo de acusaciones pone en duda la gestión y comportamiento ético del congresista.
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