
Racero, en el audio filtrado este fin de semana, describe condiciones laborales precarias para la trabajadora de un negocio familiar de fruver que operó él en el año 2020.
En el audio, difundido por el periodista Daniel Coronell, Racero menciona un salario de un millón de pesos sin las debidas prestaciones, jornadas laborales de más de 13 horas diarias y un solo día de descanso semanal.
(Vea también: Congresistas tendrán sabroso aumento y su salario superará los $ 52 millones mensuales).
La polémica ha sido especialmente fuerte porque Racero es uno de los principales promotores de la reforma laboral actual del Gobierno de Gustavo Petro.
Ante las críticas, el congresista publicó un comunicado en el que calificó la situación como un “linchamiento mediático” y un “caballo de Troya” político.




Aseguró que el audio no refleja su visión actual sobre los derechos laborales y reveló que hay una investigación en curso en la Corte Suprema, iniciada a petición suya, para esclarecer el origen de la información.
Racero también expresó preocupación por una posible interceptación ilegal de sus comunicaciones, lo que derivó en la filtración del audio.
La controversia ha reavivado el debate sobre la coherencia entre el discurso público y las prácticas privadas de los líderes políticos, generando fuertes reacciones entre figuras públicas y la ciudadanía.
¿Es ilegal no pagar prestaciones a los trabajadores en Colombia?
En Colombia, no es legal que un empleador no pague las prestaciones sociales a su empleado. La legislación laboral colombiana, especialmente el Código Sustantivo del Trabajo, establece que todo empleador está en la obligación de reconocer y pagar oportunamente las prestaciones sociales a sus trabajadores.
Estas incluyen la prima de servicios, las cesantías, los intereses sobre cesantías, las vacaciones, así como los aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales).
Las obligaciones aplican tanto para contratos a término fijo como indefinido, y también para contratos verbales. El no pago de estas prestaciones constituye una violación grave de la ley laboral.
Cuando un empleador incumple con estas obligaciones, el trabajador puede presentar una queja ante el Ministerio del Trabajo o iniciar una demanda laboral para exigir sus derechos. Además, el empleador podría ser sancionado con multas, estar obligado a pagar los valores adeudados con intereses y, en algunos casos, responder por indemnizaciones adicionales.
El sistema legal colombiano busca proteger los derechos fundamentales del trabajador y garantizar condiciones laborales justas. Por ello, la omisión del pago de prestaciones sociales no solo es ilegal, sino también contraria al principio de dignidad humana y de justicia social consagrados en la Constitución Política de Colombia.
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