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El presidente Gustavo Petro ha sostenido, desde el inicio de su mandato, la existencia de una estructura criminal llamada Nueva Junta del Narcotráfico, a la que atribuye el control de gran parte de los envíos internacionales de cocaína y la coordinación de grupos armados como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, esta afirmación carece de respaldo en la evidencia judicial, como lo ha señalado de manera enfática la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo. En entrevista con Blu Radio, la fiscal subrayó que no existen pruebas que acrediten la existencia de tal junta, a pesar de los esfuerzos realizados por la Fiscalía utilizando diversos métodos de investigación.
Esta postura institucional reta las afirmaciones del presidente Petro, quien también ha relacionado a la supuesta junta con casos emblemáticos de sicariato y asesinatos de alto perfil. No obstante, según la investigación realizada por el medio EL COLOMBIANO, la narrativa sobre una “nueva junta directiva” del narcotráfico no es nueva: circula públicamente desde al menos el año 2010, pero continúa siendo una concepción errada desde el punto de vista operacional. Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, explica que no se trata de una estructura unificada con jerarquías definidas —como una junta directiva empresarial— sino de una red de actores que pactan acuerdos pragmáticos para el desarrollo del negocio ilícito.
Arias argumenta que el narcotráfico en Colombia opera bajo un modelo de “portafolio de servicios criminales”, donde los grandes articuladores del negocio, lejos de estar cohesionados, actúan como gestores independientes conectando rutas, laboratorios, oficinas de cobro y acuerdos comerciales. Estos gestores cuentan con décadas de experiencia, amplias redes internacionales y, en muchos casos, operan desde el extranjero en países tan diversos como España, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Este modelo fragmentado se caracteriza por la competencia, la rivalidad y la cooperación ocasional condicionada al respeto de los negocios mutuos, evidenciando la ausencia de una autoridad única.
Por otro lado, documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) citados por EL COLOMBIANO sí reconocen una cierta coordinación entre figuras criminales, como Julio Lozano Pirateque y Rutdy Alirio Zárate Moreno, y mencionan la presencia de “narcos de manos limpias” que dirigen operaciones desde el exterior, principalmente Dubái. Sin embargo, la propia DNI ha verificado que la estructura del narcotráfico responde a un ecosistema flexible, centrado en alianzas y acuerdos temporales de coordinación, antes que a una pirámide vertical de mando clásico.
Este entramado, más próximo a una red criminal internacional que a una “junta directiva”, se ve reflejado en las dinámicas de alianzas cambiantes, asesinatos y luchas internas por el control de mercados, como muestra la muerte de figuras de peso como Luis Caicedo y la influencia de actores regionales y extranjeros. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene que para formalizar cargos de concierto para delinquir requiere pruebas concretas de coordinación, que hasta la fecha no han podido ser reunidas. Arias destaca el uso político que el presidente Petro da a esta narrativa: le permite argumentar las dificultades en avanzar con las políticas de paz, responsabilizando a poderes criminales casi invisibles.
De fondo, el debate sobre la supuesta existencia de una “Nouva Junta del Narcotráfico” revela el abismo entre las hipótesis construidas desde inteligencia y la necesidad de evidencias directas exigidas por la justicia. Esta discrepancia alimenta discursos y decisiones políticas, pero sigue sin ofrecer, hasta el momento, la contundencia judicial que respalde la existencia de una sola autoridad criminal sobre el complejo negocio del narcotráfico en Colombia.
¿Qué implica para la justicia que un grupo criminal opere como red y no como estructura jerárquica?
La forma en que está organizado un grupo criminal tiene profundas repercusiones legales. Una estructura jerárquica, donde existen roles definidos y mando único, facilita la judicialización de sus integrantes bajo cargos como concierto para delinquir, ya que es más sencillo demostrar coordinación y participación. Por el contrario, cuando se trata de una red fragmentada compuesta por pactos temporales y alianzas cambiantes, demostrar la existencia de una organización criminal ante la justicia requiere evidencias mucho más precisas que acrediten acuerdos específicos entre los involucrados.
Este aspecto es particularmente relevante en Colombia, donde la Fiscalía debe sustentar las acusaciones con pruebas directas de coordinación y jerarquía. En el caso de la llamada Nueva Junta del Narcotráfico, la ausencia de una estructura vertical dificulta la persecución judicial, obligando a los investigadores a adaptarse y buscar nuevas estrategias que permitan identificar y desmantelar estos entramados criminales de forma efectiva.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Qué se sabe de la participación de Petro en una película
El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.
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