La acción, que iba dirigida a Facebook, un usuario de esa red, una cuenta de noticias y W Radio, se consideró improcedente, en primera instancia.
El autor de la acción pidió protección a sus derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre y a la honra, presuntamente vulnerados a partir de la publicación de un informe y su reproducción en redes sociales sobre la influencia del detenido senador Mario Castaño en el Congreso y Telecafé.
El objetivo de la tutela era que se eliminara de la cuenta, a nombre de Juan Carlos Torres, un contenido que compartió adicionalmente, además de una retractación.
El abogado Juan Camilo Puerta, apoderado de Torres, respondió ante el requerimiento del juzgado que la publicación de Facebook no tenía como objetivo prejuzgar sino pedir la honestidad y transparencia de los servidores públicos.
Se apoya en lo revelado en las audiencias concentradas de control de garantías “que se han venido realizado, a consecuencia de la detención del senador Mario Castaño y algunos de sus colaboradores”.
(Vea también: La función de los alcaldes salpicados por corrupción en red liderada por Mario Castaño)
Concluyó que los funcionarios se van a ver siempre calificados por sus conductas contrarias o presuntamente contrarias a derecho, como se ha visto en la investigación de ‘Las Marionetas’.
Facebook Colombia respondió que no tenía legitimación para figurar como demandada, ni se cumplía con el carácter subsidiario de la tutela. Por su parte, la W Radio indicó que la información a la que se hace referencia “corresponde al ejercicio legítimo de la actividad periodística”.
Decisión
El juzgado, al motivar la negación de la acción, explicó que la Corte Constitucional ha considerado que la libertad de expresión se aplica en Internet del mismo modo que en otros medios de comunicación y que se trata de un derecho fundamental.
Sobre los motivos de la improcedencia, la decisión explicó que no se demostró que Laverde Vargas estuviera en una subordinación o indefensión frente al accionado. Incluso, recordó que es él quien ostenta un cargo distintivo, de relevancia nacional, de influencia política, como lo es la secretaría de una comisión del Senado. En conclusión, para la defensa de sus intereses existen otros mecanismos distintos.
Impugnación
La decisión se conoció el jueves, es decir que aún están vigentes los términos para impugnar.
Entre tanto, y al igual que sucedió cuando capturaron a los anteriores vinculados a la investigación de ‘Las Marionetas’, como se denomina a la red criminal que circunda al senador Mario Castaño, se espera que una vez finalicen las últimas imputaciones, la Fiscalía pida medidas de aseguramiento para los 20 capturados el jueves en varias regiones del país.
Se recuerda que entre ellos hay tres alcaldes de Caldas. Se trata de los mandatarios de La Merced, Jhónatan Vásquez; el de Aguadas, Diego González; el de Villamaría, Andrés Aristizábal, quienes aún no han respondido si aceptan o no cargos. En total son nueve los funcionarios de este departamento presentados ante los jueces de control de garantías desde el viernes.
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