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La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio y anunció la apertura de pliego de cargos en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se desempeñó como diputado del departamento del Atlántico.
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La decisión obedece a un presunto incremento patrimonial injustificado durante la vigencia 2022, situación que, según la entidad, no encuentra respaldo en los ingresos reportados por el exdiputado en el ejercicio de sus funciones públicas.
De acuerdo con la Procuraduría, el patrimonio de Petro Burgos presentó un aumento considerable en el periodo señalado, tanto a su favor como al de Day Vásquez Castro, su exesposa.
Este crecimiento, según la investigación preliminar, no estaría relacionado con los recursos obtenidos como parte de sus actividades en la Asamblea Departamental del Atlántico, lo que generó dudas sobre el origen real de dichos fondos.
El organismo de control destacó que los ingresos netos percibidos por el entonces diputado no correspondían con el nivel de gastos que registró durante el año 2022.
Esto quiere decir que el flujo de dinero que manejó superaba de manera significativa los recursos que legalmente podía acreditar como producto de su cargo público o de otras actividades económicas reportadas.
La Procuraduría precisó que en el proceso se han recaudado pruebas que permitirían sustentar la formulación de los cargos. Entre estas se encuentran testimonios, movimientos financieros y documentos notariales que darían cuenta del incremento patrimonial cuestionado.
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Con base en dichos elementos, la entidad concluyó que habría indicios suficientes para considerar que Petro Burgos obtuvo ingresos adicionales cuyo origen no está plenamente justificado ni vinculado a su labor en la corporación departamental.
El pliego de cargos implica el inicio formal de un proceso disciplinario en el que Nicolás Petro tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y presentar las explicaciones correspondientes.
En esta etapa, el Ministerio Público deberá valorar la pertinencia y solidez de las pruebas recopiladas, con el propósito de determinar si existió o no una conducta contraria a los principios que rigen el ejercicio de la función pública.
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