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Nicolás Petro ha pasado sus últimos días en Bogotá en una cómoda libertad. Pese a que él mismo confesó que había recibido dinero de personas cuestionadas en el Caribe para la campaña del Atlántico en la Fiscalía y a la Revista Semana, el hijo del presidente ha logrado salir completamente indemne. Dicen que uno de los buenos atributos de la democracia es que ante la justicia no haya nadie intocable.
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Eso argumentaron quienes celebraron hace un mes la condena contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos, junto a la decisión de llevarlo a casa por cárcel que se cayó en el Tribunal Superior de Bogotá. En contraste, las decisiones de la justicia habían favorecido la tranquilidad del hijo del presidente. Eso cambió la semana pasada cuando se conoció que la fiscal Lucy Laborde solicitará la imputación a Petro Burgos por tres presuntos delitos más. El Colombiano, medio aliado de Pulzo, reveló en primicia que la audiencia será el 1 de octubre y allí el poderoso Nicolás será imputado por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento y tráfico de influencias.
Este es un caso independiente al de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en donde la Fiscalía acusó a Petro Burgos de tener gastos no fundamentados de alrededor de 200 millones de pesos al mes. En ese caso, que reúne todas las revelaciones de su expareja Day Vásquez y los aportes del ‘Turco Hilsaca’ y Santander Lopersierra, ‘el hombre Marlboro’, Petro se encuentra en la etapa preparatoria del juicio. La estrategia de su abogado consiste en desacreditar a Vásquez, contra denunciarla y atacar a periodistas que han expuesto los excesos del exdiputado.
Pero en estos nuevos delitos hay una historia que todavía está fragmentada y el país no ha conocido en su totalidad. La nueva imputación de la Fiscalía se basa en dos casos. Uno es el de los contratos de la Fundación Conciencia Social con la Gobernación del Atlántico. Nicolás Petro tenía chats con Day Vásquez en los que hablaba constantemente de hojas de vida y contratos que habrían sido ejecutados en su mínima expresión para que ambos y otras dos personas se quedaran con una ganancia por la gestión.
Estos contratos fueron entregados en la administración de la exgobernadora Elsa Noguera, que ganó las elecciones en el departamento. En ese periodo se gestionaron dos contratos por alrededor de 1.000 millones de pesos con la Fundación; tenían objetos etéreos y de los cuales no hay certeza de su ejecución. Un contrato fue por 400 millones de pesos y era para la implementación de centros de vida móviles para la atención psicosocial de adultos mayores. Se firmó en 2021, antes de que Gustavo Petro ganara las elecciones. Nicolás ya se había hecho con una posición de poder en el Atlántico, conocía cómo eran los movimientos de la política tradicional y participaba en ellos. El segundo lugar en las elecciones departamentales le dio reconocimiento y peso político. De acuerdo con los chats que la Fiscalía prepara en la nueva imputación, esto fue usado por él y Vásquez para negociar cargos y recursos.
Conciencia Social obtuvo otro contrato a inicios de 2022 por casi 600 millones de pesos para el mismo fin. La Fundación debía poner de su patrimonio 172 millones. Los chats señalan a Vásquez en diferentes conversaciones con Gustavo de la Ossa, quien era el representante legal de esta organización. Allí se habla de cuotas para cada interesado. En uno de los contratos de 2021, Vásquez decía que a ella le correspondían 120 millones. Todo esto lo sabía Nicolás Petro y se mantuvo durante 2022, cuando su padre ganó las elecciones y el diputado pasó de ser un simple político local, en apariencia enfrentado a los Char, a ser el hijo mayor del primer mandatario de izquierda elegido en el país.
Con la victoria de Petro, y el ya conocido papel que tuvo Nicolás en la campaña del Caribe, este empezó a hacer efectivo su lugar de influencia en el Gobierno. Las gestiones que comenzaban ya no eran por contratos o pequeños cargos en los proyectos de una Fundación de Barranquilla. Sin que se explique por qué y con qué intereses, Nicolás viajó a Bogotá constantemente para desarrollar reuniones que él mismo pedía con ministros y directores de entidades del Ejecutivo. “Deja de reunirte con ministros y demás (…) te van a mandar una carta a tu papá. Te falta mucho por aprender”, le escribió Day Vásquez sobre esas citas. Los chats están en poder de la justicia.
El Colombiano conoció que la lista de reuniones que tuvo con ministros es mucho más grande de lo que se cree. Hasta ahora, es público que Petro Burgos se reunió con el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, en dos ocasiones. Prada aceptó las reuniones y dijo que lo había hecho en el marco de las funciones del hijo del presidente como diputado de la Asamblea. “Prada me dio 10 cupos, tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, otro para ti y cinco para el tema político de Barranquilla”, le escribió entonces el hijo del presidente a su pareja.
“Se reunió con Lizcano, con Luis Carlos Reyes, con María Isabel Urrutia, con el exministro de Ciencia y Tecnología, con Germán Umaña, con Hildebrando Vélez, el papá de la exministra Irene, con Gloria Flórez, con Carolina Corcho, con Cecilia López, con Gaviria”, dijo una fuente directa que estuvo en algunas de las reuniones bajo reserva. Algunas de esas reuniones se dieron cuando los funcionarios estaban nombrados pero no se habían posesionado. Eso sucedió en el caso del exministro de Educación, Alejandro Gaviria.
Otras sucedieron con los ministros en firme, como ocurrió con Luis Carlos Reyes, cuando era director de la Dian. Este diario habló con él y señaló que en esa reunión se dio la solicitud de entregar las dos aduanas de Barranquilla y Cartagena. “Él lideró la reunión y me pidieron con Adelina Covo esas aduanas. Fue Nicolás de forma específica”, afirmó.
Esto, más los chats de los cupos que supuestamente le había prometido Alfonso Prada, son algunos de los elementos que la Fiscalía está reuniendo para imputarle el delito de tráfico de influencias. La fiscal Lucy Laborde está lista para solicitar una medida de aseguramiento dentro de centro carcelario. Otro de los funcionarios que podría tener información sobre la cual responder es Luis Eduardo Llinás, actual director de la Dian. Llinás aparece en varias de las fotografías junto a Nicolás Petro en sus reuniones con los ministros.
La decisión de la fiscal del caso marca una diferencia con la lentitud que se había manejado hasta ahora en el ente acusador para llevar a juicio al hijo del hombre más poderoso del Estado. Mientras que esto ocurre, Petro ha publicado trinos señalando que se trata de una conspiración contra su hijo realizada por el exfiscal Mario Burgos, que tenía el caso en la administración anterior, y del exfiscal general Francisco Barbosa.
Al principio del escándalo, el presidente dio un mensaje coherente prometiendo que no interferiría en la investigación contra su hijo. Tiempo después, cuando liberaron a Nicolás y regresó a Barranquilla con una medida de aseguramiento que limitaba su libertad, el mandatario viajó a esa ciudad y tuvo una reunión en su casa para “conocer a su nieto”. A partir de allí la perspectiva de Nicolás cambió, dejó de aseverar que tenía información relevante sobre la campaña que su papá conocía, y la estrategia de su defensa pasó al ataque argumentando que se trata hasta hoy de una supuesta persecución injusta e ilegal de la prensa, los exfiscales, la oposición y criminales del contrabando.
(Le también: Nicolás Petro pidió el divorcio y Day Vásquez sorprendió con su reacción inmediata)
La fiscal Camargo, que permanecía de vacaciones, está por demostrarle país si realmente en Colombia la ley es para todos. La justicia enfrenta el mismo reto; con la presión de todo el poder del Gobierno, por primera vez el hijo de un presidente podría terminar en prisión.
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