Se trataría de una red conformada por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que estaría involucrada en la venta de expedientes judiciales, con precios que alcanzarían los 200 millones de pesos colombianos.
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La investigación revelada por Semana abarca un conjunto amplio de casos delicados, entre ellos los relacionados con el ‘narcochofer’ y con un importante empresario que habría ofrecido dinero a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, según el citado medio.
Según la revista, algunos de estos expedientes habrían sido entregados físicamente en memorias USB, vulnerando completamente la confidencialidad institucional.
“Un abogado se acerca y me dice: ‘Doctor, yo sé que usted va a solicitar la captura de mi cliente. Aquí se lo presento para que lo escuche en interrogatorio. Yo sé que usted pidió una búsqueda en bases de datos, que tiene pensado hacer inspecciones’. Es ahí cuando empezamos a preocuparnos porque se estaba filtrando la información”, indicó un funcionario del ente investigador a Semana.
La corrupción golpea nuevamente a la Fiscalía, ahora bajo la dirección de Luz Adriana Camargo. Más allá de los casos particulares y de los millones involucrados, lo que se pone en riesgo es la credibilidad institucional y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia colombiano.
La información vendida de forma clandestina contiene datos clave para investigaciones relacionadas con lavado de activos y otros delitos de alto impacto. Las sumas pagadas por estos datos reflejan apenas la punta del iceberg en un entramado de corrupción que compromete la integridad del Estado.
¿Cómo se estaría filtrando información de expedientes de la fiscalía?
Lo más preocupante no es únicamente el hecho de que la información se esté comercializando, sino cómo se está filtrando desde el interior de la institución. De acuerdo con la investigación periodística, la fuga de documentos confidenciales ocurre a través de mecanismos que vulneran por completo la reserva procesal.
Uno de los principales canales identificados sería el Modelo Único de Investigación Financiera (Muif). Este sistema, que tiene como propósito fortalecer la labor investigativa en casos de lavado de activos, incluye una carpeta digital compartida entre fiscales, investigadores y asesores, donde se almacenan documentos escaneados, proyecciones de decisiones judiciales, órdenes de captura y evidencias claves.
Sin embargo, según fuentes internas, esta carpeta no cuenta con los controles de seguridad suficientes, lo que permite que múltiples personas accedan a información altamente sensible sin una trazabilidad clara.
Además, se documenta que ciertos abogados y particulares estarían recibiendo información anticipada sobre decisiones judiciales que aún no se han formalizado.
Esto les permitiría actuar antes de que se ejecuten órdenes de captura o inspecciones, lo que claramente altera el curso normal de la justicia. Los expedientes, según los reportes, estarían siendo vendidos por cifras que alcanzan hasta los 200 millones de pesos.
Dentro de la estructura de este esquema, se señala la posible participación de funcionarios con acceso privilegiado en la Delegada para las Finanzas Criminales.
Algunos de ellos estarían operando como intermediarios entre los expedientes y quienes están dispuestos a pagar por la información. Aunque fiscales habían advertido sobre filtraciones desde mayo, y radicado denuncias ante la URI de Usaquén, hasta ahora no se conocen decisiones oficiales ni procesos disciplinarios abiertos, de acuerdo con la revista.
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