La madre asegura que cuando el Instituto emitió la resolución administrativa en la que determinaba que la joven podía ser adoptada, su primogénita ya era mayor de edad. 

En diálogo con Q’HUBO, la mujer recordó que hace cuatro años llegó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a pedir ayuda, debido a que su hija, que en ese momento tenía 16 años, estaba muy rebelde. 

“Ella estaba estudiando, la tenía bien cuidada, pero me preocupaba la rebeldía. En el Bienestar Familiar la dejaron en manos de una madre sustituta. Sin embargo, cada ocho días nos veíamos y teníamos comunicación permanente”, afirmó.

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La historia dio un giro de 180 grados en 2019. La menor, de acuerdo con el testimonio, intentó atentar contra su vida cuando estaba bajo el cuidado de la madre sustituta.

“Un día que la visité en la sede de la calle 42, ella me dijo que un psicólogo le había dicho que ella tenía ideación suicida. Yo le dije a una psicóloga que estaba ese día ahí, pero ella le dijo a la niña que no pensara en eso”, agrega la madre.

Y añadió, que en octubre de 2019 recibió una llamada que la impactó para siempre. “Me dijeron que la niña estaba en un hospital. Mi niña estaba en cama, intubada y las esperanzas de vida eran muy pocas. Estuve con ella casi seis meses cuidándola en el Hospital. Como un milagro, ella volvió a caminar y hablar, pero quedó con discapacidad neurológica. Siguió en manos del Bienestar”.

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En palabras de la señora Sandra, ella siguió visitando a su hija, pero cuando empezó un proceso jurídico, demanda de reparación directa en contra de la entidad por lo sucedido con la menor, la Defensora de Familia que estaba frente al caso le informó que la joven había sido declarada en adoptabilidad y por tanto no podía volver a visitarla, ni a tener contacto con ella. No obstante, según documentos presentados por la madre, cuando determinaron que la joven podía ser adoptada, ya había cumplido 18 años.

“En el proceso administrativo, Sandra tuvo la oportunidad de apelar esa decisión, pero no lo hizo de la manera correcta y la resolución administrativa quedó en firme. Como por ley, la decisión tomada por el Bienestar debía ir a el juez de familia, esa determinación no fue confirmada por el Juez Tercero de Familia de Ibagué y en el auto se dijo que no podía confirmar esa decisión porque Laura [hija de Sandra] era menor de edad”, expresó Beatriz Elena Jaramillo Gómez, abogada de Sandra.

Añadió, que instauró una acción de tutela en la que solicitaba que se estaban violando los derechos de la menor, de su núcleo familiar, pero el Bienestar Familiar argumentó que la señora Sandra no era apta para tenerla.

Aunque en segunda instancia el Tribunal del Tolima les dio la razón con la tutela, la profesional del derecho agregó que el Bienestar indicó que “supuestamente, la joven refiere que no quiere volver a ver a su mamá”.

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Sandra, entonces, instauró una denuncia ante la Procuraduría contra la defensora Orfi Marcela Bastidas Barreto. Q’HUBO intentó comunicarse con la funcionaria, pero no fue posible.

Sandra, asegura que todos los días llora y durante todo este tiempo no ha pasado un minuto en el que no piense en su hija. En estos cuatro años ha ahorrado y hasta cambió de trabajo para brindarle una mejor calidad de vida a su hija cuando el Bienestar se la entregue. “El decir del Bienestar es que ella se pone muy mal cuando me ve. Obvio, ella llora. Cuando nos veíamos por videollamada ella me decía que me quería mucho y quería estar conmigo y se ponía a llorar”.

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