Muerte de Álvaro Gómez: odio de ‘Tirofijo’ habría desatado el magnicidio

Lo que van a decir los responsables de la extinta guerrilla de las Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, ejecutado el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá, despertó la expectativa de Colombia, pues, hasta ahora, como lo han dicho varios exfiscales, a esa hipótesis no se le había dado mayor credibilidad.

Sin embargo, el partido Farc, mediante un comunicado, aseguró que quienes van a contar la verdad serán Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), Milton de Jesús Toncel (‘Joaquín Gómez’), Jaime Alberto Parra (‘Mauricio Jaramillo’), Juan Hermilo Cabrera (‘Bertulfo’), Jorge Torres Victoria (‘Pablo Catatumbo’), Julián Gallo (‘Carlos Antonio Lozada’), Pastor Lisandro Alape Lascarro (‘Pastor Alape’) y Rodrigo Granda (‘Ricardo Téllez’).

El anuncio, en todo caso, ha despertado suspicacias por varias razones: primero, porque hasta ahora la JEP no los ha llamado para que den su versión (por eso esa jurisdicción lo califica de responsabilidad temprana) por los crímenes que dijeron reconocer el sábado pasado (también se atribuyeron responsabilidad en los asesinatos de Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín, lo mismo que de Hernando Pizarro y José Fedor Rey).

Ponencia de Corte pide cambiar proceso de Uribe de ley, pero dejarlo preso

Novia de mujer asesinada en disturbios ahora es víctima de amenazas y discriminación

Pasajeros sabían que tenían coronavirus y solo confesaron hasta que aterrizaron en Bogotá

Atribuirse crimen sin pagar cárcel genera dudas: Duque, sobre magnicidio de Gómez Hurtado

Los recelos también han surgido porque el país se está preguntando por qué hasta ahora la exsenadora Piedad Córdoba anunció que aportaría lo que sabe del asesinato de Álvaro Gómez (lo cual habría precipitado la decisión de la Farc de reconocer el crimen), y por afirmaciones como la de Mauricio Gómez, hijo el líder asesinado, que le dijo a Semana que lo anunciado por Córdoba y ahora por la Farc es un intento por “llevar el caso a la JEP para echarle la culpa a algún guerrillero muerto o vivo y se le arrebate a la Fiscalía la investigación y que se convierta en cosa juzgada”. Así, “todos contentos, sobre todo [Horacio] Serpa y [Ernesto] Samper”.

Para probar su responsabilidad en el asesinato de Gómez, la Farc —según El Espectador, que dijo haber tenido acceso a “algunas de las explicaciones que llevarán los exjefes de la exguerrilla a la justicia transicional”— pondrá el espejo retrovisor, específicamente en la época en que se fundó ese movimiento insurgente.

Según el diario bogotano, la decisión de matar a Gómez la tomó el secretariado del estado mayor de esa guerrilla, máximo órgano de mando y control, que tuvo como un “factor determinante” la opinión de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, fundador y máximo jefe de esa organización alzada en armas. “Se dice que Marulanda nunca le perdonó” a Gómez “el discurso que pronunció en 1961, en el Congreso de la República, en el que pedía la intervención de la fuerza pública en las que llamó ‘repúblicas independientes’”, unos territorios que Gómez veía como “una amenaza porque allí no había control del Estado”

En esos territorios (Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, en Tolima, Cauca y Huila) se organizaron grupos de campesinos que habían quedado por fuera de los procesos de amnistía de los años 50, recuerda el mismo diario.

“Para Marulanda, fue la presión de Gómez Hurtado y de los conservadores la que llevó al presidente Guillermo León Valencia a ordenar, en 1964, la operación Marquetalia, que significó el nacimiento de las Farc y el comienzo de la guerra. Varios dirigentes de la exguerrilla consultados por Colombia 2020 aseguran que no es fácil explicar lo inexplicable, pero que estas fueron las razones históricas que llevaron a tan absurda decisión”, agrega el rotativo.

En medio de todas las declaraciones de exfiscales a propósito de este reconocimiento de la Farc, según los cuales esa hipótesis nunca fue investigada, habría que rescatar la reflexión de Mario Iguarán (fiscal entre 2005 y 2009), que le dijo a El Tiempo que “en principio, habría que creerles porque si sus declaraciones son falsas, serían expulsados de la JEP por cometer, tras la firma del acuerdo de paz, el delito de falsa acusación y si salen de esa jurisdicción, por sus crímenes se exponen a penas de 40 años de cárcel en la justicia ordinaria; un riesgo que difícilmente tomarían”.

Con ese criterio coincidió en el mismo medio el también exfiscal Eduardo Montealegre (2012-2016), para quien “las Farc no tienen razón para mentir. Si lo hacen, pierden todos los beneficios de la JEP. Hay más razones para creerles que para desvirtuar su confesión”.