Por eso, Chaverra, que redactó el texto que discute la Corte Suprema de Justicia, asegura, de acuerdo con Semana, que el proceso de Uribe por el caso de falsos testigos debe continuar en la Ley 906 —como pide la defensa del expresidente— y no en la Ley 600, bajo la cual le otorgaron casa por cárcel.

En ese sentido, el magistrado que presentó la ponencia considera que la jueza 30 de garantías  de Bogotá sí es competente “para pronunciarse en relación con la solicitud de libertad, cita la revista.

No obstante, Chaverra dice, según la publicación, que la investigación por  falsos testigos debe continuar en el nuevo sistema penal desde el punto en el que lo dejó el alto tribunal (y no empezar desde cero), pues “todo lo actuado tiene una inobjetable validez jurídica, máxime si se considera la oportunidad y circunstancias en que se adelantó, con estricta preservación de la garantía del juez natural”; es decir, que la medida de aseguramiento contra Uribe debería mantenerse.

“[…] Bajo los lineamientos de la ley 906 de 2004, debe continuarse la presente actuación, adelantándose las fases procesales que conforme a la citada codificación subsiguen luego de formulada la imputación, pues se entiende que el acto de vinculación procesal del investigado se surtió plenamente y con efectos vinculantes mediante la diligencia de indagatoria, en la cual, desde el plano fáctico y jurídico le fueron imputados y comunicados al ciudadano Uribe Vélez los cargos objeto de investigación, pues la renuncia al fuero de congresista jamás podrá entrañar la irrazonable, y absurda consecuencia de generar la invalidación de actuaciones judiciales surtidas válidamente en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley procesal aplicable en su momento y con apego estricto al debido proceso”, dice la ponencia, asegura el medio.

Eso va en contra de las pretensiones de la defensa del exjefe de Estado, que utilizó la renuncia de Uribe al Senado para llevar el caso a la justicia ordinaria, apuntando a que la Fiscalía inicie la investigación desde cero, y se anule la detención domiciliaria.

Lo que alega Jaime Granados, principal abogado del exsenador en este caso, es que no se puede mantener las decisiones tomadas bajo un antiguo proceso penal en uno nuevo.

Sin embargo, si la Corte Suprema de la Justicia avala esa ponencia, sería la jueza 30 de garantías de Bogotá, que le solicitó al alto tribunal definir si tenía competencia en este caso, la que decida la suerte de la libertad de Uribe.

Pero la Corte no ha tomado una decisión definitiva, y por lo mismo seguirá la discusión este lunes.