Así lo vienen planteando varios análisis que ven en los conflictos entre la Ley 600, por la que la Corte Suprema de Justicia abocó el caso, y la Ley 906, o sistema penal acusatorio, por la cual el caso fue recibido por la Fiscalía General de la Nación, el principal nudo que ata a Álvaro Uribe a su finca El Ubérrimo, en Córdoba.
El equipo de la defensa del expresidente, encabezado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, sintió los primeros rigores de la situación el miércoles pasado, cuando la Jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá aplazó la diligencia para definir la libertad del líder del Centro Democrático.
Para muchos, ese mismo día el expresidente Uribe quedaría en libertad; después de la decisión de la togada, otros tantos pensaron (y piensan todavía) que el tema tomará apenas unos cuantos días. Sin embargo, hay cuentas menos optimistas que empiezan a hablar de semanas.
“Esto podría extenderse hasta un mes”, dijo, enfática, Darcy Quinn, de Caracol Radio, al referirse al tema, y explicó sus razones: “En la primera semana, apenas se va a poder definir qué procedimiento se va a tomar [Ley 600 o Ley 906], y contra esa decisión de procedimiento son pertinentes recursos de reposición y apelación”.
Y esto, para la periodista, aunque no suspende la audiencia, “sí alargaría un poco más los términos [plazos]”.
Después, planteó otra consideración, que tiene que ver con el estudio propiamente dicho de la petición de libertad de Uribe planteada por sus abogados. “En esa petición van a entrar otros temas: que se aplique el modelo del sistema penal acusatorio, y van a tratar de dejar sin validez las pruebas practicadas”.
“Luego viene el debate de cómo se armonizan los dos procesos: el inquisitivo y el acusatorio”, agregó Quinn. “Y también viene el debate de fondo: si Uribe conocía o no los delitos de Diego Cadena, si representa o no un peligro para el proceso estando libre”.
Y como conclusión, emitió su concepto: “Para muchos, aquí nos podemos quedar varias semanas en la audiencia del expresidente Uribe”.
La revista Semana considera que “lo más seguro, y lo que corresponde”, es que la Jueza 30 de Control de Garantías “concluya que el caso debe seguir en el sistema penal acusatorio”. Pero, en caso de que esta publicación tenga razón, la situación se complejiza porque “como abrió un debate formal en audiencia, quien quede inconforme con su decisión podrá apelarla”.
“No es claro si el caso se congela o puede continuar mientras una segunda instancia se pronuncia”, agrega este medio, y cita “algunos penalistas” que consideran que “el problema no tendría precedentes, y, por tanto, la Corte Suprema tendría la última palabra”, lo cual “implicaría varias semanas para que la defensa de Uribe pueda exponer sus argumentos para pedir su libertad”.
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