La juez pidió “detener la retransmisión” de la audiencia para definir, con las partes involucradas, la nueva fecha en la que se celebrará esta diligencia, pues la aplazó luego de escuchar los argumentos de la defensa del expresidente Álvaro Uribe y de las personas que estaban allí como víctimas.

Luego de eso, se conoció que la fecha de reanudación de la audiencia será el próximo 22 de septiembre.

La titular de ese despacho, la juez Clara Ximena Salcedo, escuchó atentamente los argumentos de Jaime Granados, abogado defensor de Álvaro Uribe Vélez, que sostenía que las razones para que su defendido permaneciera detenido en su finca El Ubérrimo (en Córdoba) habían desaparecido en el momento en que el caso fue remitido por la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación.

La discusión se centró, principalmente, en definir si el proceso se debe mantener bajo la Ley 600 de 2000, como piden las víctimas, o si debe trasladarse a la Ley 906 de 2004.

La audiencia, que comenzó este miércoles pasadas las 9:30 de la mañana, había sido solicitada por Granados luego de que la Fiscalía anunciara que la competencia para decidir sobre la libertad del expresidente y exsenador, detenido por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, no la tenía ese ente acusador, sino un juez de la República.

Desde esa hora estuvieron conectados Uribe y sus abogados Granados y Jaime Lombana (que se unió por primera vez al equipo de la defensa del expresidente). Entre las víctimas, estuvieron el senador Iván Cepeda con su abogado y el exfiscal Luis Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo (que también se constituyeron como víctimas dentro de ese proceso), el fiscal del caso Gabriel Jaimes y un representante del Ministerio Público.

Se esperaba que la juez de Garantías de Bogotá definiera si el expresidente Uribe seguía detenido o se le concedía la libertad, algo a lo que se opone férreamente su contradictor ideológico, político y, en este caso, contraparte judicial Iván Cepeda, que ha manifestado que “la única decisión procedente en este asunto es ratificar la privación de libertad del exsenador Uribe, avanzar hacia un juicio independiente e imparcial, y no buscar como lo pretenden los partidarios de la impunidad borrar pruebas y comenzar desde cero“.